La ONG Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela denunció este jueves que, en el primer trimestre de 2022, se registraron 98 ataques e incidentes de seguridad en el país, lo que supone una disminución de 46,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 183.
En enero, se computaron 14 ataques, frente a los 99 del mismo mes de 2021, mientras que, en febrero se registraron 33, poco más de los 28 del año pasado, y en marzo, sumaron 51, una disminución de 5 incidentes respecto a los 56 del mismo mes en 2021.
«Durante el primer trimestre de 2022, documentamos cómo el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos», aseguró la organización.
Señaló que, si bien hubo una disminución en el número de agresiones, los niveles de riesgo «siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos, en tanto persisten las limitaciones a sus actividades, la criminalización de las mismas, las amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y campañas de estigmatización».
«El Estado mantiene las medidas autoritarias, de forma legal y fáctica. En este contexto, siguen ocurriendo agresiones en contra de quienes promueven defienden y exigen derechos», insistió.
El CDJ detalló que, de los 98 ataques documentados en el primer trimestre del año, 67 fueron incidentes de estigmatización, 18 intimidaciones y hostigamiento, 10 amenazas y 3 otros.
Explicó que, a través de la ejecución de distintas acciones, «se sigue buscando restringir el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos bajo el perfeccionamiento de la aplicación de la tesis del enemigo interno».
La ONG advirtió que, en la medida en que se siga «estigmatizando la defensa de los derechos humanos y continúe la impunidad frente a las amenazas, intimidaciones, hostigamiento y otras agresiones, se incrementan los niveles de riesgo para quienes defienden derechos humanos».
Por ello, exigió el cese «de la criminalización de las acciones de cooperación e interacción con los procedimientos y mecanismos internacionales de protección».