Al menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacados en el primer semestre de 2020, situación que se ha agravado durante la pandemia por covid-19, según informe publicado este lunes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo. El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno», denuncia el informe.
Ataques durante la pandemia
La ONG venezolana contabilizó 51 ataques en el primer trimestre y otros 58 entre abril y junio, meses durante los cuales el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido al país en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, que hasta ahora ha causado la muerte de 89 personas y del que se han contagiado 9.465.
Según el informe, entre las personas más atacadas figuran profesionales de la salud, trabajadores de organizaciones humanitarias, periodistas, activistas sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
La investigación señala también que las formas más usadas para atacar han sido «actos de intimidación y hostigamiento», persecución, detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, ataques digitales y restricciones legales.
Además, se registraron 43 «estigmatizaciones» durante el segundo trimestre, ataques que muestran «el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos para afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos».
Desde los medios públicos
El informe también señala que 35% de los responsables de esos ataques han sido los medios públicos que controla el régimen, 31% funcionarios o instituciones del Estado, 12% los organismos de seguridad y 22% de «otros» que no fueron especificados.
En el segundo trimestre, subraya el CDJ, los venezolanos no han dejado de protestar en las calles debido a la crisis económica y «se ha puesto en evidencia la sistematicidad y el agravamiento de las condiciones adversas en las cuales las personas y organizaciones en Venezuela defienden y exigen derechos humanos».
Por todo ello, la ONG pide que se investigue y sancione a los responsables de cometer esas agresiones, toda vez que «el derecho a defender se ha convertido en una labor de alto riesgo» en el país.