Un tribunal anunció este miércoles que archivó la causa contra un ministro español por la escala que hizo en enero en Madrid la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, caso conocido como Delcygate.
«El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid dictó auto de sobreseimiento en la causa conocida de forma popular como Delcygate», señaló en un comunicado el tribunal.
El caso se remonta a la madrugada del 20 de enero, cuando Rodríguez hizo una escala en el aeropuerto de Madrid/Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar de estar sancionada por la Unión Europea.
El caso generó gran ruido político en España.
De acuerdo con el gobierno español de izquierda, Ábalos fue a Barajas para evitar que Delcy Rodríguez entrara en España y violara las sanciones de la UE que le impiden ingresar en su territorio. Horas más tarde, la funcionaria continuó su gira internacional.
Irritada porque la prensa reveló el encuentro y por las sucesivas y parciales versiones sobre lo ocurrido dadas por Ábalos, la oposición acusó al ministro de haber permitido que Rodríguez entrara en territorio español y lo denunció ante la justicia por posible prevaricación.
«La zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional«, determinó el juzgado de Madrid, por lo que archivó el caso, una decisión que puede ser recurrida.
Ábalos también fue denunciado ante el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía pidió a finales de octubre no admitir el caso, por considerar que no hay evidencias de prevaricación, informó la prensa española.
El Delcygate provocó agrios debates en el Congreso español, donde fracasó una moción promovida por el Partido Popular para exigir la renuncia del ministro.
Este caso llevó a la oposición conservadora a denunciar un viraje frente a Venezuela, achacándolo a la entrada al gobierno del partido de izquierda radical Podemos, que tuvo relaciones en el pasado con el chavismo.
El gobierno español asegura que sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino venezolano, al igual que medio centenar de países, pero advierte que evita «polémicas estériles» con Caracas y prefiere contribuir «de manera discreta» a que pueden celebrarse elecciones libres en Venezuela, donde operan empresas españolas y donde residen unos 150.000 españoles.