Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano, cuestionó la actualización oral del informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela, en la que destacó los ataques de grupos irregulares en Apure y alertó sobre la persistencia del acoso a activistas, como es el caso de Javier Tarazona, pero no fue suficiente para la dirigente opositora.
«Es inaceptable que no se señale que está quedando impune la cadena de mando que ordena los crímenes en el país», dijo Solórzano este jueves, luego de que la alta comisionada para los derechos humanos presentará ante el Consejo de la ONU el informe, que cubrió eventos desde septiembre de 2021.
«Bachelet señala como ‘alentador’ el supuesto cambio en el sistema de justicia en Venezuela, hecho que solo pretende eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)», resaltó Solórzano.
La alta comisionada de la ONU no solo apoyó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sino también reconoció «la reestructuración de la policía nacional, la prohibición de enjuiciar civiles en tribunales militares o las medidas para enfrentar el hacinamiento en centros de detención preventiva»; de hecho, consideró que «son pasos prometedores» para Venezuela.
Tras ello, Solórzano manifestó que «no habrá justicia en el país mientras el régimen esté en el poder secuestrando todos los organismos del Estado».
«Un defensor de DD HH tiene que actuar de manera oportuna e independiente, siempre en defensa de las víctimas y en búsqueda de la justicia, no aplaudiendo a los victimarios», agregó la dirigente.
En la presentación del informe sobre Venezuela, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y democrático, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.
Expertos entrevistados recientemente por El Nacional coinciden con los cuestionamientos de Solórzano. Aseguran que la depuración del Poder Judicial en el país es solo una manera de lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro, pues el verdadero objetivo tiene un trasfondo político, y no es más que mostrarle a la CPI que Venezuela «está cambiando su sistema judicial», para que de esa forma el fiscal Karim Khan detenga la fase de averiguación y así evitar el juicio.
En el informe de @mbachelet de hoy, se destaca incremento de grupos irregulares en Apure y se condena prisión de Javier Tarazona de @FundaREDES_. Pero, es inaceptable que no se señale que está quedando impune la cadena de mando q ordena los crimines en el país. Abro 🧵 1 pic.twitter.com/TDiHcDzpLR
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 17, 2022