La defensa legal de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, denunció el martes que no se les permitió acceder al expediente que la Contraloría General de la República remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que está vinculado con la sanción de inhabilitación que pesa sobre la dirigente opositora.
A través de redes sociales, el abogado e integrante de Vente Venezuela Perkins Rocha señaló que se les negó conocer «de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la República para consignar los antecedentes del caso de Machado».
«Al no permitir el acceso al expediente, con el justificativo de que lo ‘está trabajando el magistrado ponente y presidente de la Sala Político Administrativa, Melquías Gil’, hecho por primera vez en fecha 19 de diciembre y por segunda vez en el día de hoy, la Sala Político Administrativa coloca en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo», indicó el abogado.
Rocha señaló que con estas acciones el TSJ «pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados».
«Especialmente en lo relativo al deber asumido por la Sala Político Administrativa de atender demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas ‘conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución’, como lo señala el acuerdo», agregó.
Este 25 de diciembre se conoció que la Contraloría General de la República envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la documentación de la inhabilitación de María Corina Machado.
Anteriormente, se informó que Machado interpuso una demanda por reclamación el 15 de diciembre. Esta con solicitud de acción de amparo cautelar contra la sanción de inhabilitación por un período de 15 años para el ejercicio de funciones públicas.
La coordinadora general de Vente Venezuela acudió al Supremo a presentar su caso, a propósito del proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición que ella representará en las presidenciales.
5/7 impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo; y a su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados…
— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 9, 2024