La Fiscalía de Estados Unidos presentó recientemente documentos que ponen en duda las pruebas aportadas por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, con las que buscan probar su presunta inmunidad diplomática.
Saab había pedido que se desestimaran los cargos penales emitidos en Miami por lavado de dinero, pero la respuesta de la Fiscalía cuestionó el momento y la forma en la que Nicolás Maduro supuestamente nombró al empresario enviado especial del gobierno.
En primer lugar, las autoridades estadounidenses presentaron una copia del supuesto pasaporte diplomático de Saab con una imagen y una firma que coinciden con un documento no diplomático emitido casi dos años más tarde. Eso, según la Fiscalía, indica una posible falsificación.
Ahora los fiscales han presentado una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela del 26 de abril de 2018 que contradice una versión electrónica de la misma edición especial, la número 6.373, presentada por la defensa y que supuestamente muestra el nombramiento de Saab como enviado especial en un decreto presidencial.
“Este hecho cuestiona de forma significativa si el régimen de Maduro de verdad nombró a Saab Morán como su enviado especial, y en su lugar sugiere que esto era una historia inventada”, indicaron los fiscales Kurt Lunkenheimer de Miami y Alex Kramer de Washington, según AP.
El nombre de Saab tampoco aparece en una versión de la Gaceta Oficial alojada en el sitio web de la Corte Suprema de Venezuela.
La defensa de Saab señala que en el momento de su arresto llevaba cartas de Maduro y otros funcionarios que supuestamente le acreditaban, así como documentos oficiales que mostraban que estaba autorizado a negociar en nombre de Venezuela.
El cruce de alegaciones continúa antes de una vista en diciembre en la que el juez Robert Scola estudiaría las pruebas sobre la posición diplomática de Saab.
El empresario, de 50 años de edad, fue acusado en 2019 de ocho delitos de lavado de dinero asociados a una trama de sobornos que supuestamente malversó 350 millones de dólares de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno de Venezuela.