“Venezuela garantiza la justicia”. Esa fue la respuesta de Nicolás Maduro al firmar esta semana la carta de entendimiento con la Corte Penal Internacional (CPI), encabezada por el fiscal Karim Khan, que da inicio a una investigación formal del tribunal contra el Estado venezolano por delitos de lesa humanidad.
Visiblemente inconforme, Maduro aceptó a regañadientes este nuevo golpe a sus intentos de recuperar la legitimidad en el escenario internacional y ahora enfrentará este episodio inédito en América Latina en el que deberá demostrar que su sistema de justicia puede con el peso de esta decisión.
Esta nueva fase de investigación se abre con el caso Venezuela, cuyo examen preliminar arrancó en 2018 y recoge los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017 por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, y quien ha estado detrás del impulso a la investigación representando a más de 200 víctimas, habló con El Tiempo.
—Venezuela es el primer país de América Latina que pasa a fase de investigación en la CPI. ¿Qué significa esto?
—Gran parte de lo que pasa hoy en Venezuela se debe a que hubo líderes en el mundo que escucharon el clamor y la voz de las víctimas de derechos humanos. Uno de ellos fue el presidente Iván Duque, que instó para que avanzara la apertura de la investigación a tal punto que finalmente ocurrió.
Este es sin duda alguna un rayito de luz y de esperanza para todos los que son víctimas de torturas, porque en este momento no han cesado los crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
—Hay casos como el del capitán Caguaripano, cuyos testículos fueron cocidos en carne viva, o el capitán Acosta Arévalo, que luego de una golpiza llegó casi muerto a la audiencia. ¿Hubo algún detonante para que el fiscal Khan diera este paso y no sucediera como en Colombia, que se cerró el examen preliminar?
—En primer término, no son comparables el caso de Colombia y el caso de Venezuela. La investigación del caso colombiano se abre porque los grupos irregulares venían actuando en contra de la población civil y con base en distintas sentencias, que determinan la responsabilidad del Estado, se abrió el proceso en la CPI.
Es un proceso que ha tenido muchísimos años, pero el Estado colombiano ha demostrado que, en efecto, es garante de derechos humanos y que se ha dedicado en ese caso concreto a proteger a las víctimas.
Ahora, en Venezuela había un temor de que ocurriera lo mismo y se cerrara. Yo siento que más que un detonante, hubo varios aspectos que son sumamente relevantes. El examen preliminar se abre en 2018, en tiempos coincidentes con el asesinato de Óscar Pérez y los héroes de El Junquito. En ese momento, desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional abrimos la investigación, logramos demostrar que desde la cadena de mando se dio la orden hacia los mandos inferiores para cometer ese crimen de asesinato, como está establecido en el Estatuto de Roma, pudimos evidenciar con pruebas que incluso pretendieron cremar los cadáveres y consignamos ante la CPI todas las pruebas de lo que había ocurrido. Luego llega el asesinato del concejal Fernando Albán y también logramos llevarlo casi de inmediato.
Lo que quiero decir es que en el caso de Venezuela, las víctimas han estado muy organizadas durante las más de dos décadas que han sufrido la violación de derechos humanos por parte directa del Estado.
—¿Qué viene ahora?
—Entender el proceso, que no es nada sencillo, porque los casos que reposan en la investigación son muchísimos. Recordemos que primero se abrió un examen preliminar que buscaba determinar si, en efecto, se podía abrir una investigación sobre hechos que pudieran encajar dentro de los crímenes descritos en el Estatuto de Roma: torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, y luego se determinó si los mismos se podían entender como crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo lo demostramos? Exponiendo que son ejecutados por órdenes que vienen desde altas esferas del Estado, que ataca a una población civil determinada y que además ocurre de manera sistemática, en este caso por el hecho de pensar diferente. Por eso, es histórico que la CPI considerara que hay pruebas de peso para abrir el proceso de investigación formal, en el cual se procederá a determinar quiénes son los responsables de esos crímenes.
—¿Qué peso tendrá lo que determine la CPI?
—A diferencia de otras instancias internacionales que sancionan al Estado, la CPI enjuicia con nombre y apellido a los responsables de esos crímenes que se van a investigar, determina cuáles son los crímenes, quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas.
—¿Qué implica que Maduro diga que respeta, mas no comparte la decisión?
—El régimen ha pretendido eludir la competencia de la corte señalando que en Venezuela se están resolviendo los problemas, que no se trataban de crímenes de lesa humanidad, sino de violaciones a los derechos humanos y que estaban siendo atendidos en el país. Evidentemente no lo lograron. El régimen está entregando la cabeza del soldado, del policía, es decir, de los que están en los rangos más bajos para tratar de salvar sus cabezas.
Ahora bien, ninguno se va a salvar. El fiscal Khan dijo: “Detrás de mí ondea la bandera de Venezuela, pero detrás de Nicolás Maduro ondea en este momento la bandera de la Corte Penal Internacional”, y esto es así: de Maduro para abajo nadie se va a escapar de la justicia.
—¿Cuál será el escenario para los altos rangos del actual gobierno, empezando por Nicolás Maduro?
—Esta es la parte más importante. En esta etapa ya se pueden dictar órdenes de detención. Si el fiscal evidencia que hay pruebas suficientes contra una persona, puede dictar una orden de captura de manera cautelar o precautelativa y luego de eso se pasa a juicio. De ahí lo fundamental de esta etapa.
El régimen dice en el memorando de acuerdo que no avala la decisión de la Corte en el proceso de complementariedad, el cual establece que la CPI complementa los órganos de administración de justicia del Estado, pues parte de sus autoridades están siendo investigadas.
Entonces, con base en ese principio, que además Maduro lo firmó, el Estado tiene la misión de colaborar, pero no lo va a hacer. Falta mucho por ver, ahora se nos viene trabajo a los defensores de derechos humanos, pero lo haremos con la convicción de que al final viene la justicia.
—¿Puede el Estado apelar la decisión?
—El Estado venezolano puede objetar esta decisión durante los siguientes 30 días y puede decidir no colaborar más con la CPI, pero eso no implica que la Corte no siga investigando y luego pueda dictar las órdenes de detención que considere para individualizar a los culpables cuando tenga que hacerlo.
—¿Vendrá una nueva etapa de persecución para las ONG?
—El régimen nunca se ha detenido. Nosotros sabemos lo que enfrentamos. Ojalá, en este momento, quienes ejecutan esas órdenes entiendan que el régimen los está entregando es a ellos.
—¿Cree que la decisión de la CPI hará cambiar la postura de algunos países de la región sobre Venezuela?
—¡Ojalá! Creo que los países que todavía respaldan a Maduro tienen que ver esto con unos ojos distintos. Por ejemplo, Perú fue uno de los países que junto a Colombia instaron a la CPI a actuar en el caso Venezuela I, pero ahora el nuevo presidente (Pedro Castillo) les ha quitado ese respaldo a las víctimas venezolanas. Algo similar pasa con Argentina. Espero que reflexionen.
—¿Cuál es su mensaje para las víctimas?
—Son más de dos décadas de dolor. Nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Quizá sentimos el miedo de una manera diferente a lo que pueda sentir cualquier persona que viva en democracia. En Venezuela queremos darles a nuestros hijos un país libre y por eso hay que pararse a luchar todos los días.
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