El exalcalde Daniel Ceballos solicitó este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar la inhabilitación que le impide competir en elecciones, luego de que el gobierno y la oposición acordaron un mecanismo para la eventual resolución de estos casos, ante futuros comicios.
Ceballos, que no ha dicho que vaya a competir en las presidenciales de 2024, recordó que en 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitió presentarse en las votaciones regionales debido a una inhabilitación impuesta por la Contraloría, cuya duración no precisó.
«Creo que hay que pasar la página. Venezuela requiere que los políticos asuman su responsabilidad y lo hagan de cara al presente y al futuro», dijo ante periodistas el exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira, que se identifica como militante del partido Voluntad Popular, pese a que la formación reitera que fue excluido por ser un «mandadero» del gobierno.
Ceballos pasó cuatro años y medio en prisión por «permitir» que hubiera protestas antigubernamentales con barricadas en la localidad que él regía en 2014, cuando las manifestaciones fueron reprimidas en todo el país, especialmente en San Cristóbal, con resultado de 43 fallecidos.
Ahora, el exalcalde se suma al periodista Leocenis García, líder del partido Prociudadanos, que el jueves pasado se convirtió en el primer opositor en acudir al TSJ para aprovechar este mecanismo de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Ejecutivo y la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones políticas a opositores, un mecanismo que fue activado el primero de diciembre y que estará disponible hasta este viernes.
En opinión de María Corina Machado, la candidata presidencial de la PUD -también inhabilitada hasta 2030-, el proceso «plantea restricciones a libertades» que son «inaceptables», como la prohibición de criticar a las instituciones del Estado y la obligatoriedad de acatar la decisión que emane del Supremo, por lo que se inclina por no solicitar su revisión, aunque ha dejado abierta la posibilidad de un cambio de posición.