El Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela (Ciciven) dirigió una comunicación a las autoridades de la Unión Europea para refutar la designación del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Calixto Antonio Ortega Ríos Ortega, como embajador y representante de Venezuela ante instituciones sin fines de lucro con asiento permanente en el continente europeo.
La Asamblea Nacional, en Gaceta oficial del 28 de julio del presente año, número 42.428 publicó autorización para el poder Ejecutivo.
Calixto Ortega y su nuevo cargo
William Cárdenas Rubio, en representación de la instauración reclamante, sustancia la protesta formal fechada el 19 de septiembre, haciendo referencia a la condición de magistrado del máximo tribunal de Justicia. Además, con motivación de la decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo Europeo de 13 de noviembre de 2017.
Estas medidas restrictivas de admisión en el continente, da cuenta de la situación en Venezuela, cuyo Anexo 1, Nº 43. «Responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional».
«Menoscabando los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE)», expresa Cárdenas Rubio en referencia a la decisión adoptada en el 2017 por el Consejo de la Unión europea.
Señaló que Nicolás Maduro Moros pretende utilizar la extraterritorialidad de la cual gozan entidades extranjeras por convenios para su centro operativo administrativo. Esto con las autoridades locales para destacar a uno de sus incondicionales a tierra holandesa a donde se encuentra al sur en la ciudad de La Haya.
En este tribunal está abierta una investigación penal contra el régimen de Maduro, funcionarios y exoficiales administrativos del gobierno. Esto por supuestos delitos de lesa humanidad, la cual se encuentra muy cerca de ser declarada formalmente para el establecimiento de inocencia o responsabilidad por los delitos que se les señalan.
Corte Penal Internacional
”En tal sentido, encontrándose la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, miembro de la UE, solicitamos su intervención a la mayor brevedad. La finalidad es para que se impida la entrada del citado Ortega Ríos al territorio europeo».
«De esa manera impedir la vergüenza de ver, por una parte, un cómplice de estos crímenes actuando ante dicha Corte. Por otra, evitar que sean burladas las sanciones tomadas por el Consejo de Europa”, dice Cárdenas en su texto.
Tal recriminación fue dirigida por igual a Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Silvia Fernández de Gurmendi presidente de la Asamblea de los estados parte. Además a Josep Borrel Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea.