Este 27 de junio se celebra el Día del Periodista en Venezuela, una fecha que se conmemora desde 1965 y celebra la primera publicación del Correo del Orinoco en 1818. Lejos de poseer más garantías, hoy día los comunicadores se enfrentan a la criminalización, violencia y censura en el ejercicio de la profesión. Hasta el mes de mayo de 2021, la ONG Espacio Público documentó 189 violaciones a la libertad de expresión, al menos una por día, números que evidencian una escalada en las intenciones del régimen de Nicolás Maduro para socavar el derecho a la información.
De los 99 casos registrados en lo que va de año, al menos 19 son detenciones. También se ha producido intimidación, censura y amenazas contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Los principales victimarios son cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos.
Violencia, criminalización y detenciones
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a El Nacional que la criminalización de la profesión va en aumento en el país. Esto ocurre cuando se da la apertura de procesos judiciales para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
La llamada Ley del odio por la convivencia pacífica y la tolerancia se ha convertido en la principal herramienta para justificar acciones de amedrentamiento, persecución judicial, amenazas y presiones para silenciar no sólo a periodistas, sino a todos aquellos ciudadanos que emitan opiniones que vayan en contra de los intereses del régimen.
Las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente, después de la intimidación. El impacto de esta forma de violencia se considera alto en ocho entidades del país, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).
Entre enero y abril, fueron detenidas al menos cinco personas por difusión de informaciones, ideas u opiniones en línea. Destacan las detenciones por difusión de contenido satírico a través de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp y por la utilización de la red social Tik Tok.
Uno de los casos más relevantes fue el de la periodista Milagros Mata Gil y del escritor Juan Manuel Muñoz, quienes fueron detenidos el 30 de abril por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) luego de que estos difundieran un artículo satírico a través de WhatsApp. El tribunal tercero de control excarceló a ambos el 1 de abril bajo régimen de presentación cada 30 días, prohibición de hablar públicamente sobre su caso y les confiscaron sus teléfonos celulares mientras les vacían los datos.
“Es un castigo sin condena”, señaló Correa sobre este tipo de acciones judiciales.
Los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las restricciones administrativas impuestas desde organismos públicos limitaron en gran medida el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información, señaló un informe de Espacio Público.
Violencia y censura
Más de la mitad de los casos de violaciones a la libertad de prensa en el país corresponde a violencia y censura en el ejercicio de la profesión.
La investigación Bitácora de riesgos, realizada por IPYS Venezuela y publicada el 21 de mayo de 2021, reveló que la mayoría de los periodistas sufren secuelas físicas y psicológicas tras agresiones sufridas mientras realizan su trabajo.
La violencia física se extiende, con impacto de nivel alto y medio, en 15 de 24 entidades federales en Venezuela.
Los efectos de actos violentos contra trabajadores de la prensa afectaron su desempeño laboral y su vida personal. En las 24 entidades del país hubo periodistas que indicaron someterse a la autocensura por temor a ser víctimas de agresiones, mientras que en 21 estados aseguraron que han sido censurados.
“El principal efecto que genera la intimidación es la autocensura, de acuerdo con los encuestados. Le sigue la censura de los medios, como reacción ante las amenazas en 21 estados. La tercera parte de los encuestados incluye el desplazamiento forzado de periodistas, dentro o fuera del territorio nacional, luego de amenazas, acoso y persecución”, destacó el estudio.
El IPYS indicó que también se registraron casos de periodistas que cesaron su ejercicio profesional durante un periodo de tiempo tras recibir amenazas por parte del Estado.
“La violencia contra el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha consolidado en las últimas décadas como una política de Estado”, señaló.
A finales de marzo, NTN24 informó que dos de sus periodistas habían sido detenidos por la GNB cuando se dirigían a realizar una cobertura del conflicto armado que se registró en Apure. Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández fueron liberados luego de 25 horas de detención arbitraria y desaparición forzosa. Les quitaron sus pertenencias personales e instrumentos de trabajo.
Intimidación
Gran parte de los hostigamientos contra profesionales de la comunicación se dan cuando realizan coberturas de pautas periodísticas en la calle.
La intimidación es el tipo de violación a la libertad de prensa que se ejecuta con mayor frecuencia, según Ipys. Las amenazas de diversas índoles (físicas, legales, etc.), tiene alto impacto sobre todo en el Distrito Capital y 10 estados del país.
En mayo, un grupo de colectivos armados robaron e intimidaron al reportero de Caraota Digital, David Rodríguez, y a su motorizado cuando intentaban cubrir una protesta por abastecimiento de gasolina en la bomba Texaco en la parroquia Caricuao, Caracas.
En el estado Zulia, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intimidó a los periodistas Edwin Prieto de Todos Ahora; y a Madelyn Palmar de Unión Radio, cuando intentaban cubrir una protesta del Movimiento Estudiantil Zuliano en la avenida La Limpia el lunes 24 de mayo.
Seis reporteros han sido intimidados en el área metropolitana de Caracas y el estado Trujillo durante el mes de junio cuando se encontraban cubriendo las jornadas de vacunación contra el covid-19, según información recopilada por Ipys Venezuela.
El domingo 20 de junio, funcionarios de la Policía de Sucre obligaron al periodista José Camacho a borrar los vídeos que había grabado en el punto de vacunación ubicado al lado del centro comercial Millenium, en Los Dos Caminos, al este de Caracas.
Días antes, la periodista Mariana Souquett, del medio digital Efecto Cocuyo, sufrió un episodio similar por parte de funcionarios de la GNB, durante el operativo de vacunación que se realizaba en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
También en la UBV, dos civiles intentaron impedir que los periodistas Álvaro Algarra, reportero de la Voz de América, y Oliver Fernández, de NTN24 y Noticias RCN, grabaran el operativo.
Personal del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera, estado Trujillo, impidió el 8 de junio que los reporteros de la plataforma digital Palpitar Trujillano, Andrés Brisbaran y Marcos Villegas, grabaran dentro del centro asistencial.
Qué hacer en caso de violencia
El director de Espacio Público explicó que en caso de ser víctima de violencia o detención, es muy importante que los periodistas documenten todo lo que les sea posible. Fotos, videos, exámenes médicos o forenses, son algunos de los elementos que les ayudarán a probar que sufrieron algún tipo de agresión.
Correa señaló que también ayuda escribir, lo más rápido que se pueda, todo lo referente al ataque. Es importante destacar fecha, hora, y nombre del agresor (si se conoce).
El siguiente paso sería formular una denuncia, sin embargo, no todas las víctimas desean llevar a cabo una acción legal.
“Desde Espacio Público siempre recomendamos denunciar, pero entendemos que en algunos casos las víctimas se limitan por temor a represalias”, indicó Correa.
El estudio de IPYS precisó que las denuncias son documentadas en 16 de las entidades y apenas en 8 estados los casos son presentados ante los organismos de justicia del Estado.
Cuando se trata de la detención de un periodista, la difusión del caso en los medios de comunicación y redes sociales puede ayudar a proteger su integridad física.
Se sugiere hacer coberturas en grupo o en pareja. IPYS destacó que en estos tiempos es vital la solidaridad gremial, como forma de lograr la protección colectiva.
Otra sugerencia planteada es la creación de mecanismos de protección temporal, como hogares de refugio u otros protocolos de seguridad que faciliten el cambio de residencia durante un periodo prudencial. También se recomienda tener a mano el número de abogados y expertos legales ante detenciones arbitrarias y casos de violación a la libertad de expresión e información.
Ataques a medios de comunicación
Este 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a Venezuela en el puesto 148 entre los 180 países que conforman su índice anual sobre libertad de prensa.
Durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales, en procedimientos llevados a cabo principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado.
Durante el 2021, esta práctica continuó. El 8 de enero, Conatel y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo en la sede de VPI en Caracas.
Luego de realizar un inventario, los funcionarios cargaron con equipos de transmisión, cámaras, computadoras y otros equipos necesarios para cumplir la labor informativa. Desde entonces las operaciones del canal, en Venezuela, han permanecido suspendidas.
El 26 de febrero funcionarios de la Conatel ordenaron apagar la señal de transmisión de la emisora de Radio VEA 100.7FM, ubicada en la avenida Manaure, de Coro, estado Falcón.
Funcionarios de la Conatel se presentaron en las instalaciones de la emisora Radio Selecta 102.7 FM, el 5 de marzo. A la emisora, con sede en la ciudad de Machiques, estado Zulia, le confiscaron los equipos de transmisión, dejándola fuera del aire.
El Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó el embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A., parte demandada en el juicio que por daño moral sigue en su contra el ciudadano Diosdado Cabello. La medida se ejecutó la tarde del viernes 14 de mayo.
La Sala de Casación Civil del TSJ declaró procedente la segunda fase del avocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Cabello, y ordenó a El Nacional el pago de 237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800), calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral. El petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente.
La cifra fue incrementada el pasado 10 de junio a 30,05 millones de dólares.
Una situación similar se vivió el viernes 28 de mayo en la emisora Zeta 103.5 FM, en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Funcionarios de Conatel cerraron y confiscaron los equipos de la radio, debido a que presuntamente no contaban con la autorización para el uso del espectro radioeléctrico, según oficio N° DG/CJ/20210880.
@ErikaHDelaR