CPI lanza su nueva plataforma “OTPLink” con IA
Imagen referencial / Cortesía La CPI lanzó la nueva herramienta “OTPLink”, con el objetivo de facilitar la recolección de pruebas a través de Inteligencia Artificial

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el 12 de octubre su decisión de convocar una audiencia para discutir la petición del gobierno de Nicolás Maduro de poner fin a la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para la audiencia, pautada para el 7 y el 8 de noviembre, la Sala de Apelaciones de la CPI invitó a participar a representantes del Estado venezolano, a la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la CPI y al fiscal general de la CPI.

El 17 de octubre la Sala de Apelaciones publicó las instrucciones sobre la audiencia, en las que el organismo orientó a las partes y participantes sobre las cuestiones que se discutirán.

La CPI indicó que el 7 de noviembre se discutirán los siguientes temas: alegatos sobre el supuesto error al no identificar los casos que se investigan y los actos criminales específicos que el fiscal pretende investigar; alegatos sobre el supuesto error al no exigir al fiscal que proporcionara traducciones de documentos y al negarse a basarse en documentos en español y alegatos sobre el supuesto error de negarse a basarse en determinados documentos.

El 8 de noviembre está previsto que entre los puntos de la audiencia figuren los alegatos sobre el supuesto error al exigir al Estado que investigue los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad y alegatos sobre el supuesto error de requerir al Estado que investigue «crímenes internacionales».

La CPI señaló que si bien la Sala de Apelaciones no indica expresamente que las víctimas pueden participar independiente y activamente en esta audiencia, el Estatuto de la CPI no impide que los representantes de estas que deseen dirigirse directamente a la Sala de Apelaciones lo hagan.

«Las víctimas y sus representantes que así lo deseen pueden someter a la Sala de Apelaciones un escrito donde se indique claramente sus motivaciones para solicitar participar y presentar argumentos verbales durante esta audiencia y concretamente sobre a cuáles de los temas previstos desearían referirse. Sin embargo, es importante aclarar que la Sala no está en la obligación de considerar ni aprobar las solicitudes que sean presentadas», explicó una nota de prensa de la CPI.

Informe sobre la segunda consulta de las víctimas

La abogada defensora de los derechos humanos Tamara Suju informó este jueves que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la Corte Penal Internacional publicó hoy un informe de la segunda consulta a las Víctimas, esta vez solicitada por la Sala de Apelaciones.

Detalló que la VPRS transmitió 172 comunicaciones que contenían las opiniones y preocupaciones de las víctimas en diversos formatos escritos. En total, fueron presentados en nombre de 2.684 víctimas individuales y 104 familias.

«Todos los interlocutores de la VPRS que fueron consultados confirmaron la esperanza de las víctimas de que se confirme la Decisión del artículo 18(2), se reanude la investigación de la CPI sobre la situación y, como subrayaron, finalmente se haga justicia. Las víctimas consideran que la CPI es su única y última esperanza de justicia», indicó Suju citando parte del informe.

Sobre el recurso de apelación del gobierno de Maduro, las víctimas consideran que se trata de un táctica que busca retrasar la investigación. «Los argumentos presentados por el gobierno ante la Sala de Apelaciones demuestran que Venezuela no reconoce que se cometieron y se siguen cometiendo crímenes, y que no está dispuesta a realizar investigaciones auténticas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país», añadió.

Las víctimas añadieron que el sistema judicial venezolano se caracteriza por la falta de independencia, falta de imparcialidad, falta de capacidad y recursos, violaciones del debido proceso, intención de proteger a los perpetradores de la injusticia y demoras injustificadas, por lo que no hay garantías de encontrar justicia en Venezuela.

«En conclusión, las víctimas instan unánimemente a la Sala a rechazar todos los motivos de apelación invocados por el gobierno de Venezuela y a confirmar la Decisión del artículo 18(2); las víctimas apoyan plenamente una investigación por parte del fiscal de la CPI sobre todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en la situación. Varias víctimas también piden a la Sala de Apelaciones que amplíe el alcance temporal de la investigación Venezuela I a todos los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de julio de 2022, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor para Venezuela», concluyó.


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