El covid-19 llegó a los centros de detención de la ciudad de Caracas. Las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se convirtieron en importantes focos de la enfermedad, lo que pone en riesgo la vida de cientos de presos políticos que se mantienen privados de libertad en condiciones de hacinamiento y sin acceso a los servicios básicos.
A las torturas a los presos políticos por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, denunciadas reiteradamente, ahora se suma la pandemia que contabiliza 25.805 casos y 223 muertes en todo el país.
Sede de la Dgcim en Boleíta
En los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en la calle Vargas de Boleíta, conviven al menos 200 detenidos, de los cuales 50% son presos políticos y militares, señaló Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda.
“Tenemos información de casos confirmados de covid-19 en la Dgcim. Me lo informó personalmente Molly De la Sota, familiar del capitán De la Sota. Ella ha hecho varias peticiones ante la Fiscalía y se comisionó a la fiscal 32ª, Dusay Dueñas. La fiscal informó a las familias que no se le permitió el acceso a Dgcim por haber un brote de covid-19. Preocupa particularmente los casos del sótano 2, la llamada casa de los sueños, porque ellos no han podido tener ningún tipo de contacto con su familia desde hace varios meses”, indicó Solórzano en entrevista para El Nacional.
La información sobre lo que sucede en este centro de detención es muy escasa debido al hermetismo de las autoridades. De los pocos datos que han podido recolectar los familiares, se pudo conocer que al menos dos reclusos presentan síntomas de covid-19.
Reiteradas denuncias
Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, indicó a El Nacional que gracias a las reiteradas denuncias de la Asamblea Nacional y de los familiares, los presos estarían recibiendo atención primaria.
Sin embargo, la parlamentaria manifestó que los familiares y abogados tienen meses sin poder ingresar al recinto, por lo que es muy difícil constatar el verdadero estado de salud de los presos.
En la sede de la Dgcim, 121 personas han resultado positivas a la prueba PCR para detectar SARS-CoV-2, desde el pasado 30 de julio hasta el 9 de agosto, según información suministrada a El Nacional por una fuente en el Ministerio de Salud.
De los 102 hombres y las 19 mujeres que se contagiaron en el centro, la mayoría se trata de funcionarios, algunos del alto rango de la Dgcim.
Sede del Sebin en El Helicoide
El comisionado presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, confirmó recientemente la existencia de casos de covid-19 en la sede del Sebin en El Helicoide, en la parroquia San Agustín.
“En el Sebin hay información real y concreta de que hay un preso que está hospitalizado en el Clínico Universitario y otros detenidos con síntomas”, alertó Solórzano.
La diputada Pichardo aseguró que al menos cinco presos en El Helicoide fueron trasladados a centros hospitalarios el jueves 6 de agosto por presentar síntomas de coronavirus, aunque los familiares desconocían con exactitud su paradero.
El viernes 7 de agosto, Olivares informó la muerte del preso Erick Echegaray, de 70 años de edad, que fue trasladado el 4 de agosto al Hospital Universitario de Caracas con dificultad para respirar.
Por falta de insumos allí decidieron llevarlo al Centro Médico Maracay, pero falleció en el camino.
Tres funcionarios del Sebin de la sede en Plaza Venezuela dieron positivo a la prueba PCR el 4 de agosto, de acuerdo con la fuente consultada por El Nacional.
Exigen medidas humanitarias
“Desde hace meses se ha alertado y exigido medidas humanitarias para todos los presos políticos tras la llegada del covid-19 a nuestro país. La vida de todos los encarcelados corre peligro”, advirtió Pichardo.
Desde el Observatorio de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional se envió el viernes una solicitud formal a la comisión de la ONU para los derechos humanos que se encuentra en Venezuela para que entre a esos centros de detención y compruebe el estado de salud de los detenidos.
“El Estado, según lo establecido en el artículo 43 de la Constitución, debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. Solicitamos de inmediato se permita la visita y entrada de los comisionados de la ONU presentes en Caracas a todos los centros de reclusión que presentan posibles casos de covid-19. Así podrán verificar el estado de salud de los detenidos y ser mediadores de medidas humanitarias”, manifestó Pichardo.
Medidas humanitarias
Solórzano, en representación de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento, también envió una solicitud a la comisión designada por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
“Hemos hecho pública nuestra petición para que se permita el ingreso de la comisión y de la Cruz Roja. Es necesario que organismos internacionales se aboquen en intentar ingresar en estos centros, donde hay presos de conciencia, incluso en Ramo Verde. No tenemos información de casos en ese centro pero hicimos un llamado de alarma debido al problema de hacinamiento en ellos. Exigimos una medida humanitaria. Iris Varela de forma irresponsable ha otorgado libertad a presos comunes, por no tener cómo mantenerlos y por la crisis del covid-19 en el país. Sin embargo, a los presos políticos no se les otorga ninguna medida”, indicó Solórzano.
La diputada destacó que temen por la vida de los parlamentarios Gilbert Caro y Renzo Prieto, presos en sedes de la FAES en Caracas.
“Tenemos gran temor por su salud y no se ha permitido el ingreso a estos centros”, dijo.
Sobre el caso del diputado Juan Requesens, Solórzano explicó que de acuerdo con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal ningún prisionero puede estar más de dos años en ese estado si no se le ha dictado sentencia.
“Hay solo dos excepciones: una que el Ministerio Público pida una prórroga por causa justificada y la otra es que la razón por la que no se hayan realizado las audiencias sea responsabilidad del acusado. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. La falta de traslado no es responsabilidad de Requesens. Todas las audiencias que se han diferido han sido responsabilidad del régimen. Tampoco han pedido la prorroga ante el MP”, precisó.
@ErikaHDelaR