La ONG Control Ciudadano informó este jueves que 51 ciudadanos fueron abatidos por funcionarios de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante diciembre.
«En diciembre, Control Ciudadano contabilizó 51 personas muertas en manos de órganos de seguridad del Estado y la FANB, en operaciones que se desarrollaron en 11 entidades federales del país», detalló la organización en un comunicado.
Sin embargo, la ONG indicó que las muertes las justificó el Estado por tratarse de presuntos «enfrentamientos con delincuentes», pero en su opinión podrían denominarse en la mayoría de los casos como «ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso».
Control Ciudadano puntualizó que este registro se basa en un monitoreo mensual de medios de comunicación que dan cuenta de los abatidos en manos de policías y militares en todo el territorio nacional.
«Se pasó de 73 personas muertas en noviembre a 51 en diciembre de 2021. No aparece ninguna mujer en el registro», precisó la ONG en el informe.
Según la investigación que realizó la organización, las muertes se registraron en Miranda y Carabobo con 11, Zulia con 8, Trujillo con 7, Bolívar con 4, Aragua con 3, Anzoátegui con 2, Portuguesa, Nueva Esparta y Monagas con 1.
En su informe, Control Ciudadano explicó que los órganos de seguridad responsables involucrados en este tipo de ejecuciones en presuntos enfrentamientos con delincuentes fueron: el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 16, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 8, comisiones mixtas de policías con 8 y la Policía de Carabobo con 7.
Un llamado al Estado
«El análisis de los datos está mostrando como cada vez más se están involucrando las policías estatales y las policías municipales en esta práctica que parece ser una política de Estado», dijo la ONG.
En la investigación publicada este jueves Control Ciudadano resaltó como en la mayoría de los procedimientos donde se reportan abatidos participan comisiones mixtas de policías y militares, sin determinarse la línea de mando u oficial responsable de la operación, «con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos».
«Los asesinatos cometidos por policías y militares en operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos de abatidos tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales, estimulándose un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor», explicó.
Finalmente la ONG llamó a la Fiscalía General de la República para que en todos los casos de abatidos en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de las Fuerzas Armadas se adelanten «las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso».
Con información de nota de prensa.