Un total de 36.936 funcionarios de alto nivel de la administración pública venezolana incumplieron con el deber de actualizar su declaración jurada de patrimonio y la rendición de cuentas durante el proceso activado por la Contraloría General, informó este miércoles ese organismo.
La Contraloría detalló, en una nota de prensa, que en el proceso activado durante julio participaron 119.490 empleados públicos, de los 156.426 que debían hacer la declaración de sus bienes.
«De 156.426 funcionarios que debían actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio, 119.490 cumplieron con la obligación legal; mientras que 36.936 no acudieron a la convocatoria que se extendió a todas las instituciones públicas», indicó.
El contralor general, Elvis Amoroso, aseguró que quienes no presentaron la actualización, que responde a una obligación establecida en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, «están sujetos a sanciones, multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos».
«Nuevamente el Estado venezolano garantiza a todos los ciudadanos que la cosa pública se respeta y que vamos a luchar en todas las instancias para combatir cualquier hecho de corrupción», dijo Amoroso, siempre según la nota de prensa.
Para laa jornada, la Contraloría desplegó a sus trabajadores en todos los municipios del país con el fin de «facilitar el proceso» para los empleados públicos.