Seis funcionarios del estado Carabobo fueron condenados a cumplir una pena de 28 años y 7 meses de prisión por el asesinato de Leonardo González el 27 de julio de 2017, en el contexto de las protestas opositoras. Así lo informó este jueves el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
Señaló que cuatro oficiales eran de la Policía Municipal de Naguanagua, y dos de la Policía de Carabobo. Todos quedaron separados de sus cargos.
“Los órganos de justicia tutelados en este caso a solicitudes del propio Ministerio Público, han actuado y seguirán actuando en base a todas estas acciones lamentablemente ocurridas durante las manifestaciones violentas del año 2017”, expresó el fiscal.
Dispararon en múltiples ocasiones
Saab indicó que ese día los funcionarios policiales siguieron a la víctimas y dispararon en múltiples ocasiones hacia su vehículo. Luego de verlo herido, los uniformados abandonaron el lugar. En los hechos resultó herido el ciudadano Luis Guillermo Lachmann.
A los exfuncionarios Ronal Paternina, Krosslam Acosta, Wuibent Fernández y Orlimar Medina, de la Policía Municipal de Naguanagua; y Joel Rodríguez y Radameth Castillo, de la Policía del estado Carabobo, se les condenó por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil.
También se les acusa por su coactuación en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía con motivo fútil en grado de frustración, agavillamiento, omisión de socorro, simulación de hecho punible, y hecho indebido de arma orgánica.
780 causas bajo investigación
“En base a las reuniones sostenidas, tanto en La Haya como en Venezuela, y los alcances de los informes entregados, hemos informado a la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre 780 causas que están bajo investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto en las protestas violentas del 2017 como en hechos posteriores”, expuso.
El fiscal aseguró que durante su gestión han imputado770 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles señalados como presuntos responsables de vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, se privaron de libertad un total de 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares, se han acusado 1.661 funcionarios y 150 civiles involucrados, y condenados 196 funcionarios policiales y militares.
“Todo este trabajo está sustentado en expedientes que podrán revisarse en despacho fiscal por los expertos y funcionarios adscritos a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Se trata de un compromiso por el diálogo compromiso y ha insistido en que el examen preliminar no es más que una fase de filtro y que en esta nueva fase su oficina se ha comprometido a trabajar de manera colaborativa e independiente”, afirmó el fiscal.