Diputados a la Asamblea Nacional, reincorporación de la bancada chavista, operación Maletín Verde, protestas
Foto EFE

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional inicio este miércoles el proceso de investigación sobre el caso del ex concejal Edmundo “Pipo” Rada, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y parcialmente carbonizado el 17 de octubre, en la carretera Petare-Santa Lucía.

“Dicho procedimiento llevará consigo la denuncia que tengamos que hacer tanto en organismos nacionales como internacionales”, indicó Dennis Fernández, presidente de la instancia legislativa.

A su juicio, situaciones como el homicidio del también dirigente de Voluntad Popular, es producto de la falta de autonomía de los poderes públicos en Venezuela.

“Si se hubiese observado lo más elemental de las recomendaciones que se hizo en el informe que realizara la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quizás hoy no estuviéramos lamentando este hecho. Porque quizás hoy fuera otra la situación”, subrayó la parlamentaria.

Además, abogó por casos como el asesinato de Rada, quien presentaba signos de torturas, tratos crueles e inhumanos. Asimismo, se negó a que esta práctica se convierta común en el país.

Rechazo

Fernández también rechazó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa, por parte de la asamblea nacional constituyente e instrucción del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta decisión la toman a raíz de la convocatoria que realizó para marchar este jueves en Caracas. Esto debido a la situación de los servicios en el territorio nacional, pero especialmente en el estado Zulia.

Este martes, Guanipa informó que a partir de las 10:00 am de este 24 de octubre en el Centro Comercial Millenium se reunirán para marchar hasta la sede de Corpoelec en El Marqués.

“Que casualidad que la decisión la anunciaron inmediatamente después de este anuncio”, ironizó.

Denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró la parlamentaria. Añadió, que seguirá los casos de vulneración de los derechos de los diputados a los que se les ha arrebatado su derecho y que han sufrido persecución política.

“Esto obtendrá resultados a su momento, para ser oído nacional e internacionalmente”, enfatizó.

Zarpazo a las instituciones

La presidente de la Comisión de Política Interior afirmó que el oficio emitido por el fiscal del régimen, Tarek William Saab, con fecha del 4 de septiembre, representa un “zarpazo a las instituciones”.

Informó que en el documento, entregado a los directores generales, directores de línea, les ordena a que “preserven la unidad de criterio institucional así como la de acción de los funcionarios públicos a su servicio”.

Les notifica, que desde esa fecha es de carácter obligatorio consultar y coordinar con su dirección de adscripción y su superior las revisiones de medidas, sobreseimiento, cambios de calificación jurídica, sentencias absolutorias. Así como notificar los motivos de incomparecencia de las audiencias por parte del MP.

“El incumplimiento de ese documento acarrea sanciones penales. Pretenden interferir sobre la decisión de un poder, puesto que las sentencias absolutorias y los sobreseimientos los solicita un tribunal. El MP no es quien decide lo que debe hacer un tribunal”, enfatizó.


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