masacre de Policarabobo, El Nacional
Un grupo de familiares de presos protesta ante efectivos de Policarabobo en 2018. Foto: MIGUEL GUTIÉRREZ/ EFE

El juicio sobre la llamada masacre de Policarabobo en 2018, en la que fallecieron 69 personas presas en un penal de la ciudad de Valencia, comenzó este miércoles con 5 personas acusadas de homicidio, complicidad y corrupción, informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La jueza Melissa de Souza realizó la audiencia en la que declaró el caso «como un delito de lesa humanidad», por lo cual admitió la acusación completa presentada por el Ministerio Púbico y el Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad, detalló la OVP en un comunicado.

Esa acusación señala de homicidio calificado al subdirector del cuerpo, José Luis Rodríguez, y de complicidad necesaria a los otros cuatro acusados, además de corrupción, introducción de armas de fuego en el centro y omisión al socorro.

No obstante, la OVP rechazó que solo haya cinco imputados, «a pesar de que participaron cerca de 50 funcionarios», no solo de la policía regional, sino también del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

También denuncian que «no se ha establecido la responsabilidad de la cadena de mando» y «se han perdido documentos claves que deberían estar en el expediente como las declaraciones rendidas» ante el Cicpc de varios funcionarios.

Según la versión de la OVP, uno de los funcionarios acusados ofreció su declaración al tribunal, «donde relató todos los hechos tal cual y como sucedieron e indicó que él no participó», pero fue «obligado por sus superiores a no dejar ninguna evidencia en el libro de novedades» del centro.

«Los familiares de las víctimas manifestaron su satisfacción por este importante paso y afirmaron que continuarán sin descanso luchando para que se haga justicia», agregó la información.

La masacre de Policarabobo dejó dos desaparecidos

La abogada Lylí López, representante del Comité de Víctimas, indicó: «La causa sigue abierta y continuarán las averiguaciones sobre el destino de los dos cuerpos desaparecidos de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda».

«Este es apenas el primer paso, pero por fin se está haciendo justicia», concluyó López, citada en el comunicado.

Las 69 víctimas, según el recuento de la OVP, se encontraban detenidas en la Comandancia General de la Policía en Valencia, capital del estado Carabobo.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó de la detención de cinco policías «indiciados de ser responsables» de la muerte de los reos.

Saab describió entonces el caso como un «presunto incendio» en los calabozos de la comisaría, si bien medios locales y ONG dijeron que el incendio ocurrió en medio de un motín.

También especificó entonces que los fallecidos eran 66 hombres y 2 mujeres que estaban de visita en ese centro y anunció la designación de cuatro fiscales para «esclarecer estos dramáticos hechos».

La OVP elevó ese número en su comunicado a 69 personas fallecidas.

La noticia del incendio y muerte de esas personas en los calabozos de la comisaría llegó en ese momento hasta la ONU, organismo que en un comunicado se declaró horrorizado por el caso y pidió respeto para las familias de las víctimas.


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