Colegio Nacional Periodistas
Foto Archivo

El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Édgar Cárdenas, denunció que el régimen de Nicolás Maduro pretende criminalizar el trabajo de los periodistas. Señaló que se han producido 28 ataques a la prensa entre el 1 y el 15 de abril.

El dirigente gremial denunció que con estas ya se eleva a 62 el número de ataques contra la prensa. Durante la cuarentena, decretada desde el pasado 13 de marzo, 18 periodistas han sido detenidos, «de manera arbitraria y en muchos casos también sus familiares», afirmó.

Se creó un documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del Colegio Nacional de Periodistas para registrar las agresiones. Allí se contabilizan 7 detenciones arbitrarias, 1 cierre de emisoras de radio, 1 equipo decomisado, 7 amenazas y 1 bloqueo de medios. También se registraron 4 casos de intimidación, 2 informaciones borradas y 5 impedimentos para circular.

Estas agresiones las cometieron 40% miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, 4% el Conas, 12%  funcionarios de civil, 8% desconocido, 12% PNB, 8% FAES, 8% la policía Municipal y 8% civiles afectos a oficialismo.

Cárdenas recordó que de acuerdo con los datos del reporte del CNP Caracas de marzo, 34 periodistas fueron agredidos. Entre ellos 11 detenidos por funcionarios de seguridad del Estado.

El secretario general reiteró que «las agresiones a periodistas y el  hostigamiento a los medios representan las pretensiones del gobierno por imponer la censura. Asimismo se pretende criminalizar la opinión para instaurar el silencio informativo”, denunció.

Los casos

Citó el caso del periodista Arnaldo Sumoza, a quien el régimen acusó de instigar al odio por informar sobre una protesta en El Sombrero, estado Guárico, por la falta de agua. El periodista fue ante los tribunales, que decidieron medida cautelar de presentación cada 60 días.

Asimismo se refirió al periodista Eduardo Galindo Peña, secretario de organización del CNP Apure. Galindo Peña fue detenido este 15 de abril por una comisión del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional. Eso ocurrió luego del asedio de fuerzas militares a su residencia y familiares.

«Estos hechos fueron dos detenciones en menos de 24 horas, que violan la Constitución venezolana y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos», dijo Cárdenas.


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