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El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, Edgar Cárdenas, presentó el reporte mensual  correspondiente al mes de agosto, donde denuncia 39 nuevas agresiones a periodistas y medios que elevan  a 266 el número de ataques contra la prensa en lo que ha transcurrido del año.

El documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas, detalla que en el pasado mes de agosto se registraron:

  • 10 agresiones físicas.
  • 2 detenciones arbitrarias.
  • 1 decomiso de equipos.
  • 2 decomisos de equipos a periodistas y demás trabajadores de la prensa.
  • 5 amenazas.
  • 11 intimidaciones.
  • 2 hostigamientos.
  • 4 borrado de información.
  • 2 asesinatos.

Los responsables de las agresiones fueron:

  • GNB 38,46%.
  • Desconocido 28,20%.
  • PNB 2,56%
  • Sebin 5,12%.
  • FAES 5,12%.
  • Policía Municipal 2,56%.
  • Civiles afectos a oficialismo 2,56%.
  • Dgcim 2,56%
  • Personal de seguridad de funcionarios 10,25%.
  • Personal de seguridad civil 2,56%.

Cárdenas dijo que seguirán denunciando que “las agresiones a periodistas y medios son un política ejecutada desde las altas esferas del poder para imponer la censura y lograr el silencio informativo”.

Recurriremos a las instancias necesarias para que se conozca la grave situación que atraviesa el derecho a ejercer la libertad de expresión, prensa y opinión, afirmó en una nota de prensa.

Citó el caso de dos comunicadores sociales asesinados: Andrés Nieves Zacarías y José Bislik. El primero de ellos ajusticiado presuntamente por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales en las instalaciones del medio comunitario donde laboraba, Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia, y el segundo hecho, perpetrado por sujetos desconocidos en contra del locutor de la emisora Costa del Sol 93.1 FM,  en la población de Güiria, estado Sucre.

“El Estado venezolano debe garantizar una investigación exhaustiva sobre las extrañas circunstancias de estos lamentables sucesos, que  enlutan a dos hogares venezolanos y está en la obligación de aplicar a los responsables  todo el peso de la ley”, afirmó.

Trabajadores de la prensa con juicios abiertos en tribunales

Los comunicadores Ana Belén Tovar, Eduardo Galindo, Elides Rojas, Braulio Jattar Alonso, Jesús Medina Elaine, Darvinson Rojas, Arnaldo Sumoza, Otilio Rodríguez y Luis Carlos Díaz; permanecen con juicios abiertos en los tribunales venezolanos y deben ser liberados a la brevedad porque no han cometido delito alguno, señaló Cárdenas.

“Reiteramos nuestra denuncia que desde el gobierno se mantiene una política arbitraria  en contra de periodistas y demás trabajadores de la prensa a quienes se les dictan medidas judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso, solo por  cumplir con su labor de informar”, declaró el directivo gremial.

El dirigente del CNP precisó que se les obliga a presentarse periódicamente en los tribunales “por instrucciones del gobierno con medidas cautelares, que restringen la libertad personal”.

“Es el caso del periodista Arnaldo Sumoza a quien el gobierno acusa de alterar el orden público por informar sobre una protesta de vecinos quienes reclamaban la falta de agua en El Sombrero, estado Guárico”, dijo Cárdenas.

Otro caso es el de Eduardo Galindo Peña, secretario general del CNP Apure, detenido el pasado 15 de abril por un pelotón del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GN, que a la fuerza allanaron su residencia sin orden judicial.

“El gobierno lo acusa de instigación al odio por sus informaciones en el portal de noticias Senderos de Apure. También su esposa y otros familiares son víctimas del acoso policial”, denunció el CNP.

Allanamiento y detención

También Darvinson Rojas detenido y su vivienda allanada violentamente por un pelotón militar de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el pasado sábado 21 de marzo. El gobierno lo acusa de instigación al odio por ejercer la profesión de periodista.

“En la misma situación de hostigamiento con medida cautelar se encuentra el reportero gráfico Jesús Medina, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 28 de agosto de 2018. Estuvo preso durante 15 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por sus reportajes fotográficos”, dijo Cárdenas.

Ana Belén Tovar estuvo presa durante cinco meses en la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes allanaron las oficinas de  los portales de noticias Venmedios y Entorno Inteligente por difundir informaciones sobre altos funcionarios del gobierno.

Elides Rojas, vicepresidente de información del diario El Universal, fue llevado a la Dgcim por la publicación de  información sobre un accidente aéreo ocurrido en Charallave, estado Miranda. Fue imputado por instigación al odio.

Arresto domiciliario

Después de dos años de arresto domiciliario, Braulio Jattar Alonso fue liberado pero con medidas cautelares: presentación ante un tribunal cada 15 días con prohibición de salida del país y del estado Nueva Esparta.

La detención de Jattar se debió a la publicación de unos videos en el portal Reporte Confidencial sobre el cacerolazo que recibió Nicolás Maduro durante una visita efectuada al sector Villa Rosa en la región margariteña.

El comunicador y ciberactivista Luis Carlos Díaz fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin   en marzo de 2019.  Fue imputado  por el presunto  delito de instigación pública.  Luego de más de 24 horas de detención fue liberado  con medidas de prohibición  de  declarar a los medios de comunicación sobre su caso, presentación ante tribunales  cada 8 días y prohibición de salida del país.

Por reportar denunciar relacionadas con la presunta responsabilidad de funcionarios de la GNB en la venta ilegal de gasolina, fue detenido de forma arbitraria en Carúpano, estado Sucre,  el periodista Otilio Rodríguez.

Fue  acusado de instigación al odio y  el tribunal ordenó  régimen de presentación durante ocho meses que deberá  cumplir luego de  finalizado el período de la cuarentena.

Uso del poder judicial

El uso del poder judicial para perseguir la libre difusión de información afecta el trabajo que deben cumplir comunicadores y medios, vulnerando el derecho informar y estar informados.

El representante del CNP  exigió libertad plena para los comunicadores a quienes se les sigue juicio según su opinión, por cumplir con la labor de informar.

Los gobiernos democráticos están obligados a promover, defender y proteger  los derechos humanos, donde debe existir equilibrio, justicia, bajo el respeto de la constitución nacional, demás leyes de la República así como los acuerdos internacionales, finalizó Cárdenas.


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