Buenos Aires
Foto: @Gbastidas

La protesta convocada para este jueves a las 10:30 am frente al local Garzón Uniformes, ubicado en Buenos Aires, Argentina, se convirtió en una marcha en la que cientos de personas caminaron hacia los Tribunales para exigir justicia por el caso de la venezolana de 18 años de edad que fue víctima de abuso sexual el sábado 23 de enero.

Las personas comenzaron a aglomerarse luego de la convocatoria anunciada por la madre de la víctima, Thays Campos. Sin embargo, en el transcurso de la jornada decidieron dirigirse ante la Justicia argentina para expresar su reclamo.

Los manifestantes exigieron a la jueza Karina Mariana Zucconi el encarcelamiento de Irineo Garzón Martínez, presunto violador de la joven, que fue dejado en libertad tras considerar que el hombre, que carece de antecedentes penales, no intentará eludir la acción de la justicia ni entorpecer el proceso.

Tanto venezolanos como argentinos se unieron ante este caso que ha causado conmoción. Desde los balcones de sus hogares, las personas respaldaron la marcha que fue sumando asistentes.

«¡Preso el violador!», gritaban los manifestantes que se mantuvieron firmes a pesar de la lluvia.

Algunos repartidores venezolanos hicieron una pausa en su trabajo para unirse a la protesta, como se evidencia en fotografías publicadas por el periodista Gabriel Bastidas.

«No conozco a la víctima, pero estos crímenes no pueden quedar impunes. Ayer fue ella, pero hoy puedes ser tú u otra chica», dijo una de las asistentes de la marcha a la periodista venezolana María Laura Chang.

Organizaciones feministas también estuvieron presentes en la convocatoria. «La justicia patriarcal otra vez volvió a fallar en contra de nuestros derechos», denunció una de las voceras.

Ana Medina, venezolana y profesora de Artes, pidió ayuda para la joven tanto de la comunidad venezolana como de la argentina.

«No es posible que salimos de un país donde se comenten atrocidades y llegamos a una nación que nos abrió las puertas pero se siguen cometiendo este tipo de cosas», expresó Nayleen Martínez, oriunda de Maracaibo.

Patricia Ramos, amiga de la familia que lideró esta protesta, pidió a las autoridades justicia para la joven que no pudo ni siquiera defenderse físicamente de su agresor.

La marcha llegó hasta los tribunales y se plantaron ante el edificio exclamando: «¡Garzón violador, a la cárcel el agresor!».

Los asistentes exigieron que la jueza Karina Zucconi encarcele a Garzón Martínez, de más de 40 años de edad, quien fue encontrado en flagrancia en el hecho.

Los manifestantes, en su mayoría venezolanos, también decidieron cantar el Himno Nacional en un acto de solidaridad con la víctima.

Los hechos

La joven venezolana asistió el sábado a una entrevista de trabajo en el local de Buenos Aires, que se dedica a la venta de uniformes.

Garzón Martínez la contrató para comenzar a laborar de inmediato, y durante la jornada le ofreció en varias ocasiones algo de beber a la joven, pero ella lo rechazó. Sin embargo, antes de cerrar el local, finalmente tomó un vaso de agua que le dejó el propietario en el mostrador.

La venezolana comenzó a sentirse mareada y logró alertar a su madre a través de un mensaje en WhatsApp. “Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, decía el texto.

Cuando la madre de la joven llegó al lugar en compañía de la policía, la encontraron semidesnuda y drogada.

Fue trasladada en silla de ruedas hasta la ambulancia y llevada al Hospital Ramos Mejía, donde fue contactada por la brigada de Violencia Sexual.

La denuncia del hecho quedó registrada en el Departamento Comisaría Comunal 3, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con fecha del 24 de enero de 2021.

Las autoridades detuvieron a Garzón Martínez pero fue liberado dos días después.

Se le acusó de abuso sexual simple, delito que prevé condenas de 1 a 4 años de prisión. Pero después se supo que la jueza cambió la imputación a abuso sexual agravado por acceso carnal, aunque permitiendo que el agresor siga en libertad.

Deberá presentarse ante el tribunal en los primeros 10 días de cada mes. Se dictó, además, la prohibición de salida del país y el embargo de sus bienes personales.


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