La Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) aprobó el informe sobre la admisibilidad presentado por el empresario Nelson Mezerhane Gosen. Esto tras haber acusado al gobierno de Hugo Chávez de violación de sus derechos humanos.
El también cofundador del canal televisivo Globovisión señaló que fue sometido a persecución política con el objetivo de silenciar dicho medio de comunicación. Estuvo bajo el asedio de otros funcionarios de Chávez a tal punto de padecer la confiscación de todos sus activos patrimoniales y bienes, hasta la privación de su libertad.
“La parte peticionaria informa que el 4 de noviembre de 2005, el Tribunal 34º de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control dictó, a pedido del Ministerio Público, una orden de aprehensión en contra del señor Mezerhane. Esto por considerarlo como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. A raíz de esta orden, dos páginas web de apoyo al gobierno publicaron una foto del señor Mezerhane con expresiones como ‘que no se escape’ y ‘se busca’, acusándolo de ser uno de los autores intelectuales del asesinato”, relató la CIDH en el informe.
Ante estos hechos, el empresario resaltó que en Venezuela no existe un debido proceso penal dada la falta de independencia del poder judicial. La parte solicitante resalta que la CIDH ha señalado reiteradamente el deterioro de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. El cual, repercute en el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos.
CIDH sobre aprobación del informe presentado por Nelson Mezerhane
La instancia internacional sostiene que los hechos en este caso se dan en el marco de un contexto de ausencia de separación e independencia de los poderes públicos. Esto, conforme a lo observado por la comisión en el informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”.
A través de una carta firmada por Asdrúbal Aguiar, exmagistrado de la Corte-IDH, señala que la comisión examinó la petición de referencia y aprobó el informe sobre Admisibilidad que se acompaña a la presente.
“La CIDH le ha fijado un plazo de cuatro meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de seis meses. Contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación».