Las autoridades venezolanas investigan el «atroz crimen» contra el líder indígena Virgilio Trujillo, presuntamente asesinado este 30 de junio en el estado fronterizo de Amazonas, según denunciaron varias ONG. Así lo informó este martes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.
En un mensaje en su cuenta en Twitter, el funcionario calificó de «atroz crimen» la muerte del también defensor del ambiente de 38 años de edad y aseguró que envió a la región en la que ocurrieron los hechos a un equipo de la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc con el fin de apoyar las investigaciones.
Rico dijo que a Trujillo lo asesinaron el pasado 30 de junio, tras un ataque por parte de «delincuentes que se trasladaban a bordo de un vehículo y dispararon en su contra».
«Se presume que en el hecho estén involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar territorio nacional», aseveró Rico.
Asimismo, apuntó que trabajarán «sin descanso para esclarecer el crimen» que ha conmocionado a la región de Amazonas.
Asesinato de Virgilio Trujillo
La muerte de Trujillo, miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y parte de una guardia territorial contra la minería ilegal, la informó el pasado viernes la ONG Orpia. A través de Twitter, la organización indicó que al ambientalista lo asesinaron el jueves 30 de junio 2022, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas», sin ofrecer mayores detalles.
Por su parte, las ONG Provea, Observatorio para la Defensa de la Vida, Fundación Pares de Colombia y CooperAcción de Perú condenaron también, mediante un comunicado, el asesinato de Trujillo, a quien identificaron como un luchador «por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana».
«Odevida ha registrado que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales líderes fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana«, detalló el escrito.
Ante los hechos, instaron al Estado venezolano a garantizar una «pronta y eficaz» investigación en torno a la muerte del ambientalista y a cumplir con la prohibición establecida sobre toda actividad minera en el estado Amazonas, de acuerdo al decreto 269 de 1989.