El gobierno de Chile manifestó este martes su rechazó a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que confirmó la inhabilitación por 15 años a cargos públicos de María Corina Machado, elegida como candidata unitaria de la oposición.
«El gobierno expresa su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país», señaló la Cancillería chilena en un comunicado.
La administración de Gabriel Boric también apoyó «la propuesta de Noruega de conformar a la mayor brevedad una comisión de seguimiento y verificación de los Acuerdos de Barbados, que apuntan precisamente a garantizar un proceso de elecciones abiertas, democráticas y transparentes».
Panamá también expresó este martes su preocupación por la situación en Venezuela e hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a que se «propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres y transparentes».
«Panamá, fiel a los valores democráticos, expresa su preocupación ante la situación en Venezuela y las acciones que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados», indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto agregó: «Hacemos un llamado a que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la más amplia participación de los venezolanos».
«Observamos con especial atención que se privilegie el bienestar de los venezolanos y la estabilidad social de su país», concluyó la misiva oficial.
Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, España, Chile, Panamá, República Dominicana y Costa Rica también han manifestado su rechazo a la inhabilitación de Machado.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, «ya que no han sido elecciones libres».
Estados Unidos anunció asimismo este martes la restauración de sanciones al sector del oro y petrolero de Venezuela.