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Yuri CORTEZ / AFP

El chavismo mantiene opacidad en la información relacionada con los militares detenidos por los hechos de corrupción vinculados a la industria petrolera y otras empresas del Estado venezolano, por los que hasta la fecha hay 58 personas capturadas según la última actualización ofrecida por el fiscal general, Tarek William Saab.

Así lo denunció Control Ciudadano en un comunicado en el que dice que entre los capturados se encuentran los oficiales Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela; Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina, y José Agustín Ramos Chirinos, exgerente general de la Dirección de Seguridad Integral de IV Ejes en la Faja Petrolífera del Orinoco.

La cifra podría ser mayor

La organización señaló sin embargo que la cifra podría ser mayor. También recordó que Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, a pesar de que se refirió a los uniformados que estarían incursos en ilícitos, no indicó la identidad de estos ni cuántos militares estarían detenidos.

“El titular castrense no señaló nombres y se mantiene total hermetismo sobre las detenciones de militares. En el comunicado, Padrino López refirió a militares que cumplían comisión de servicio en Pdvsa, pero ha trascendido información, no oficial, de que podrían estar siendo detenidos militares vinculados a la trama de corrupción de la Corporación Venezolana de Guayana”, dijo la ONG.

“Son pocos los detalles claros de la investigación y lista de detenidos, más allá de confirmar algunos nombres de los capturados y comentarios generales realizados por Tarek William Saab, en las ruedas de prensa en referencia a estos casos”, manifestó.

¿Qué debe hacer Tarek William Saab?

Control Ciudadano sugirió al fiscal general de la República comunicar a través de una nota de prensa el número total de militares detenidos, con información completa de la identidad, grado y componente al que pertenecen y su situación de actividad o de reserva activa en la que se encuentran. Además del número total de civiles detenidos con información completa de la identidad, los delitos que se les imputan, a cuánto ascienden las pérdidas totales en los daños al patrimonio público y el lugar de detención de los presuntos involucrados.


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