El caso de la joven estudiante de Derecho, Karla Romero, quien fuera asesinada el 9 de mayo del 2018 será presentado ante organismos internacionales, luego de que en Venezuela se cometieran una serie de irregularidades judiciales.
Familiares y representantes de la fundación El Amparo denunciaran el asesinato de la joven ante la Misión independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asimismo, lo presentaran a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michell Bachelet, al Relator de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y también a la comisión interamericana de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
Walter Márquez, presidente de la fundación El Amparo y defensor de los derechos humanos, recordó que luego del trabajo de investigación realizado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se determinó la responsabilidad intelectual del otrora Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Salvador Parra, quien posteriormente pasó a formar parte de la guardia de honor de Casa Militar, y recientemente fue ascendido por el régimen de Nicolás Maduro.
El fiscal del caso Gerson Mora pidió en su momento una orden de aprehensión contra los responsables: Manuel Salvador Parra como autor intelectual, Ledynsson Becerra Castillo y Wilfrid Tovar, quienes fueron intermediarios, además de Javier Velásquez Colmenares y Enderson Hernández como autores materiales.
Maikel Moreno, presidente de la Sala Penal y del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, solicitó el expediente de San Cristóbal y lo trasladó a Los Teques, donde la fiscal Liseth Caraballo cambió la orden de detención por una de libertad condicionada.
El representante de la fundación El Amparo señaló que el caso de la estudiante asesinada demuestra la violencia de género y manipulación de la justicia que existe en el país.