Ocariz
Foto: Cortesía

Carlos Ocariz, ex alcalde del municipio Sucre, aseguró que la consulta popular realizada el pasado domingo en el estado Miranda tuvo 97% de abstención.

La consulta, impulsada por el gobernador Hector Rodríguez, buscaba la aprobación de  los mirandinos para desviar los recursos provenientes de las multas de la policía a las comunas.

Rodríguez informó el lunes 1° de diciembre que 367.048 personas (83,9%) votaron Sí, frente a 63.738 ciudadanos (14,99%) que votaron No.

Sin embargo, Ocariz aseguró que aun cuando amenazaron a las personas y les chantajearon con los CLAP, en muchos centros de votación ganó el No.

«La gota que derramó el vaso es que los resultados del árbitro fueron difundidos en la sede del PSUV», indicó en rueda de prensa.

Ocariz criticó que se invierta dinero en realizar estas votaciones, cuando la entidad tiene muchas carencias en materia de servicios públicos.

«Lo que se convocó el domingo no solo fue un gran fracaso por parte de los convocantes, sino que fue la demostración de que urgentemente necesitamos un nuevo CNE, un nuevo árbitro electoral. Esa farsa de consulta inconstitucional costó millones de dólares», expresó.

Añadió que el CNE permitió que estas elecciones se llevaran a cabo con la participación de menores de edad, sin control, sin observación y sin testigos.

«Esto ratifica que tenemos el peor momento del estado Miranda en toda su historia», dijo el ex alcalde.

Caso de diputados vinculados con hechos de corrupción

«No vamos a permitir que unas manzanas podridas corrompan a las instituciones que son puras, solidarias y que siguen, a pesar de las persecuciones», destacó Ocariz en relación con los diputados vinculados con hechos de corrupción.

Un trabajo de investigación de Armando.Info reveló que ocho parlamentarios de la Asamblea Nacional firmaron cartas de apoyo para exonerar a empresarios relacionados con Nicolás Maduro.

El presidente (e) Juan Guaidó ordenó una investigación que llevará a cabo una comisión especial del Parlamento.

Ocariz defendió la labor de la Asamblea y de los partidos políticos (Primero Justicia y Voluntad Popular) por la lucha por la democracia en Venezuela.

 


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