El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó de «arbitraria» las detenciones de las hermanas María Fernanda y Elizabeth Silva Beroes, vinculadas con la «Operación Trueno».
En el documento, en el que emite una decisión favorable por el caso, se detalla que la aprehensión de las hermanas Silva Beroes el 24 de abril de 2022 se realizó sin ninguna orden judicial y tampoco se les había notificado tal decisión. No obstante, el gobierno afirma haberles dado a conocer las razones de la privación de libertad.
La hermanas fueron incriminadas a través de medios de comunicación locales y nacionales por las autoridades, por su presunta participación delictiva. En uno de los artículos periodísticos, en los que se publicaba explícitamente sus nombres y se las calificaba como miembros del “Tren del Llano”.
Ante esto, el GTDA enmarcó este caso en las Categorías I y III. Categoría I, al no existir elementos de convicción alguno para la detención y posterior negación de la libertad plena o una medida sustitutiva a la privación de libertad; y Categoría III, al irrespetarse el derecho de la presunción de inocencia y del derecho legítimo a la defensa.
Una detención sin justificación
Todo ocurrió en abril de 2022, cuando el gobierno anunció la puesta en marcha de la Operación Trueno en Altagracia de Orituco, estado Guárico.
Luego, en medio de una “alcabala” que parecía de rutina, fue detenida, sin ninguna orden judicial, María Fernanda Silva Beroes. Posteriormente fue aprehendida su hermana Elizabeth. A ambas se les acusó de supuestamente “terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas”.
Durante todo el procedimiento se les ha estado violando el debido proceso y se ha impedido acceder a una defensa de confianza.
Sobre estos hechos, la ONG Defiende Venezuela resalta «la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia». Además, de «la garantía de un debido proceso justo para todas las personas involucradas en procesos legales».
Es importante recalcar que las detenciones, llevadas a cabo sin orden judicial clara, representan un claro atropello al debido proceso legal y a los derechos humanos de las ciudadanas.