Diosdado Cabello, jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional electa en 2020, aseguró que al menos 62 ONG operan con fines políticos en el país y que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.
«Tengo una lista de 62 ONG que operan con fines políticos en el país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones. El fin no es humanitario ni social sino de imponer lo que ellos interpretan como democracia», expresó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Entre las organizaciones que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
A otras, como Futuro Presente y Lidera, las asoció con Primero Justicia y Voluntad Popular. Insistió en que son fachadas de estas organizaciones de oposición para generar desestabilización en el país.
«El que no la debe no la teme», sostuvo Cabello a cargo de impulsar una ley que regulará el funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales al considerar que muchas de estas son «apéndices» del gobierno de Estados Unidos.
«Las ONG no nacen de la nada, detrás hay caras, nombres, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. ¿Quién se ha aprovechado de esa plata? Si revisamos los nombres, viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo», agregó Cabello.
Aseguró que el proyecto de ley se someterá a una «consulta del pueblo» para llevarlo a una segunda discusión. No se fijó una fecha para este paso.
La propuesta presentada por Cabello de 17 artículos y dos disposiciones transitorias se aprobó en primera discusión por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional este 24 de enero, con el voto salvado de la Alianza Democrática.
«Justos por pecadores»
El diputado Luis Brito sostuvo que por «unos pocos vividores que han desviado el propósito humanitario y altruista no pueden pagar todos, justos por pecadores».
No obstante, considera que «nadie puede oponerse a que ocurra un registro, una fiscalización y una rendición de cuentas ante el país donde se opera».
En Venezuela muchas ONG han asumido tareas como el levantamiento de datos sobre la inflación, los índices de pobreza y datos epidemiológicos ante la falta de cifras oficiales o la opacidad en las mismas.