El Bloque Constitucional de Venezuela emitió un comunicado, con fecha del 4 de octubre de 2022, en el que fija posición sobre el intercambio de prisioneros que se dio entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden el sábado.
El acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos involucró la liberación de siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, a cambio de la puesta en libertad de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores. Estos son sobrinos de Cilia Flores, y sobre ellos recaía una condena por una corte de Nueva York por narcotráfico.
Al respecto, el Bloque Constitucional consideró: «Acordamos observar a quienes ejercen el Poder Ejecutivo, que Venezuela ingresa a la deshonrosa lista de países que privan de libertad injustificadamente a ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, para luego intercambiarlos por ciudadanos condenados en ese país».
«También acuerda señalar el contraste que existe en el comportamiento institucional que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que veló por los intereses de sus connacionales injustamente retenidos en Venezuela; con respecto al que demostró el gobierno de Venezuela, al que solo le interesó razones personales y familiares de quienes lideran al actual régimen político».
El Bloque Constitucional, además, deploró que «el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica haya antepuesto intereses parciales a valores universales». Esto por haber tenido negociaciones directas y secretas con el gobierno de Maduro.
«Un gobierno encabezado por quien es solicitado, con oferta de recompensa, por agencias federales y la justicia de Estados Unidos. Envía así una señal equívoca a las autocracias regionales y desalentadora a los ciudadanos que luchan por la justicia y la libertad en Venezuela y en América Latina en general», añade el comunicado del Bloque.
Y continúa solicitando al gobierno de Estados Unidos «que no desmaye en el esfuerzo de llevar a la justicia a todos aquellos que hayan cometido delitos trasnacionales y graves violaciones a los derechos humanos, para que rindan cuentas ante tribunales imparciales, lo cual sería una señal inequívoca de su voluntad de colaborar con la defensa del Estado de Derecho en las naciones democráticas del continente; así como seguir impulsando, con mayor decisión, el retorno de Venezuela a la democracia».
Comunicado del Bloque Constitucional sobre liberación de los sobrinos Flores
A continuación se incluye el comunicado íntegro:
Considerando:
1.- Que, el pasado 01 de octubre de 2022, el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, informó, mediante un comunicado oficial, al país y a la comunidad internacional que, desde el pasado 5 de marzo de 2022, se han realizado distintas conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que, producto de estas conversaciones “se ha logrado la liberación de dos jóvenes venezolanos injustamente apresados en ese país”;
2).- Que, en el mismo comunicado oficial se informó que, “el sistema de justicia de Venezuela ha decidido la liberación, por razones humanitarias, de un grupo de ciudadanos estadounidenses sometidos a causas judiciales en Venezuela”.
3.- Que los ciudadanos venezolanos mencionados, se encontraban cumpliendo condena judicial por narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica, por tanto, no son inocentes como se indicó en el precitado comunicado; y, que por su parte, los ciudadanos estadounidenses estaban siendo procesados por el sistema de justicia de Venezuela, por lo cual, se debían presumir inocentes, tanto más, si se considera la forma arbitraria, inconstitucional y violatoria del derecho internacional de los derechos humanos, como fueron encarcelados;
4.- Que la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha causado desconcierto y estupor en la comunidad democrática internacional, al sentar un indeseable precedente de intercambio de sujetos convictos y confesos por ciudadanos procesados a los que fundadamente debemos presumir inocentes;
5.- Que, diversos exponentes de la sociedad civil han justificado y otros celebrado, este intercambio, como fruto del diálogo necesario y la defensa de intereses por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Acuerda:
Primero: Observar a quienes ejercen el Poder Ejecutivo, que Venezuela ingresa a la deshonrosa lista de países que privan de libertad injustificadamente a ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, para luego intercambiarlos por ciudadanos condenados en ese país.
Segundo: Señalar, el contraste que existe en el comportamiento institucional que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que veló por los intereses de sus connacionales injustamente retenidos en Venezuela; con respecto al que demostró el gobierno de Venezuela, al que solo le interesó razones personales y familiares de quienes lideran al actual régimen político.
Tercero: Deplorar que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica haya antepuesto intereses parciales a valores universales, al haber mantenido negociaciones directas y secretas con un gobierno encabezado por quien es solicitado, con oferta de recompensa, por agencias federales y la justicia de ese país, enviando así, una señal equívoca a las autocracias regionales y desalentadora a los ciudadanos que luchan por la justicia y la libertad en Venezuela y en América Latina en general.
Cuarto: Solicitar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que no desmaye en el esfuerzo de llevar a la justicia a todos aquellos que hayan cometido delitos trasnacionales y graves violaciones a los derechos humanos, para que rindan cuentas ante tribunales imparciales, lo cual sería una señal inequívoca de su voluntad de colaborar con la defensa del Estado de Derecho en las naciones democráticas del continente; así como seguir impulsando, con mayor decisión, el retorno de Venezuela a la democracia.
Quinto: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Senhen, Pedro Rondón Haaz, Blanca Rosa Mármol de León, Rubén Pérez Silva y René Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Fernando Peláez Pier, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés Troconis Villareal, Henry Henríquez Machado, Juan Manuel Raffali, Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila, Oscar Arnal, Jesus María Casal, Ramsis Ghazzaoui, Judith Medina, Noemí Del Valle Andrade, Liliana Fasciani, Juan Carlos Torcat, y Nilson Guerra. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo, y; Jesús Vergara Peña. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón Oraa (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.