La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) denunció ante Tisibay Lucena, ministra de Educación Universitaria, la violación del derecho al trabajo y a la salud del personal del sector educativo, y se solidarizó con los docentes de todos los nivles.
Fraccionar los bonos vacacionales y recreacionales es una medida inconstitucional porque impide que el personal disfrute de sus vacaciones, destacó la organización en un comunicado.
«Nos dirigimos a usted en nuestra condición de rectores agrupados en Averu con el propósito de denunciar la violación del derecho al trabajo y a la salud del personal docente y de investigación, profesional, administrativo y obrero de las universidades nacionales autónomas y experimentales. Asimismo, solidarizarnos con los docentes de los niveles de educación inicial, primaria, y media, en virtud de la medida inconstitucional de fraccionar el bono recreacional y vacacional, e impedir el disfrute de este último derecho a las vacaciones de todo el sector educativo activos y jubilados», dice el texto.
Averu denuncia pagos incompletos
Y añade: «La Constitución vigente enuncia los derechos en los cuales el Estado venezolano debe fundamentar los principios y metas que lo orienten en relación con el derecho al trabajo, es así que lo declara como un derecho y deber, le establece la obligación de procurar la ocupación del trabajador que le proporcione una vida digna, irrenunciabilidad de los derechos laborales, duración máxima de la jornada, descanso semanal obligatorio y las vacaciones pagadas de conformidad con la ley.
«De igual forma se declara como un derecho y deber, le establece la obligación de procurar la ocupación del trabajador que le proporcione una vida digna, irrenunciabilidad de los derechos laborales, duración máxima de la jornada, descanso semanal obligatorio y las vacaciones pagadas de conformidad con la ley».
La asociación de rectores indicó que con las últimas medidas del gobierno se generaron daños a los derechos humanos y a la labor del sector público.
«La primera con la aplicación del Instructivo para el Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégica, mediante el cual se produjo el mayor despido indirecto de trabajadores del sector funcionarial nacional, modificando sus condiciones de trabajo al disminuir la remuneración, primas y bonos salariales de servidores públicos de la administración central y descentralizada», señala.
Posteriormente con «un amparo autónomo interpuesto por un grupo de trabajadores del sector universitario y salud, de la administración pública central y descentralizada, cuya audiencia aún no ha fijado la Sala Constitucional, generando la permanencia de la transgresión a los derechos constitucionales laborales del sector. Siendo además una omisión al derecho de tutela judicial efectiva».
«La segunda medida fue la firma de un acta convenio el 02/08/ 2022, mediante el cual se acordó la revisión de la cláusula 79, bono vacacional, fraccionando su pago en dos partes 30% y 75%, para ser cancelados la primera parte en los meses de agosto, septiembre y octubre a razón de 10 días por mes. Y el restante 75% entre enero y julio 2023. Este acuerdo modifica el acta suscrita el 28 /07/2021 en la cual quedaron plasmados los acuerdos entre el MPPPST, MPPEU y la FTUV, bajo el marco de una Reunión Normativa Laboral (IVCCU), desaplicando además la Constitución y Ley Organica del Trabajo».
El mayor fracaso histórico de la nación
Averu recuerda en el comunicado que en el artículo 3 de la Constitución se tiene como fines esenciales del Estado el desarrollo de la persona, respeto a su dignidad, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la carta magna.
Se tiene como procesos fundamentales la educación y el trabajo para lograr esas metas, pero en la materia es imposible ocultar, según el documento, «el mayor fracaso histórico de la nación en estos 22 años».
Por ello es evidente, dice, el alto nivel de desempleo y subempleo. Así como «la fijación de un salario mínimo y pensión por debajo del nivel de subsistencia».
«En cuanto a la educación, todos sus niveles exhiben una deserción sin precedentes. La exclusión del sistema educativo de los sectores menos favorecidos. Y la carencia de recursos para la actualización del personal docente, bibliotecas, e infraestructura, que ha afectado la calidad de nuestra otrora educación gratuita», advierte.
Condenan medidas de fracción del pago de bono
Averu condenó y rechazó el hecho de que se fraccionara el pago del bono recreacional y del derecho a vacaciones, que impiden un verdadero disfrute.
Medidas que, señala, fueron aprobadas «mediante una supuesta homologación firmada el 02/08/2022, que modificó el acta suscrita el 28/07/2021 que estableció los acuerdos de la IVCCU, la cual se viene aplicando desde agosto/2021 y aprobado por los funcionarios y partes intervinientes que por ley son los competentes a tal fin. Lo que desconoce además el principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias como criterio rector en el ámbito del Derecho del Trabajo».
«Exigimos se reestablezca el derecho al trabajo del sector educativo nacional. A la salud como parte del derecho a la vida por ser el beneficio de las vacaciones del trabajador un mecanismo para su recuperación física y mental. Reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración de los Derechos Humanos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)», concluye el texto, que cuenta con la firma de Cecilia García Arocha rectora de la Universidad Central de Venezuela, así como de José Virtuoso, de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otros.
Comunicado de la AVERU denunciando la violación del derecho al trabajo de docentes,investigadores, profesionales,trabajado y obrero de las universidades nacionales autónomas y experimentales,en virtud de la medida inconstitucional de fraccionar el bono recreacional y vacacional pic.twitter.com/7IcjAPU9dD
— Cecilia Garcia-Arocha (@GarciaArochaC) August 9, 2022