El secretario general de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Daniel Hans Cote, aseguró que la miseria de becas y su pago por el Sistema Patria violenta el derecho a la educación consagrado en el artículo 102, 103 y 104 de la Constitución venezolana y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se estipula que toda la comunidad universitaria debe tener garantías y condiciones aptas para disfrutar y realizar las actividades educativas.
El artículo 103 de la Constitución, vela sobre el derecho fundamental a la educación. Allí se estima que la educación es base para los demás derechos, es por ello que el Gobierno arremete contra las casas de estudios que son fuente para el progreso de una sociedad.
La situación de los estudiantes becados de las universidades autónomas del país se agravó con el anuncio del ministro para la educación universitaria, César Trómpiz, el cual indica que la beca sería abonada mediante el Sistema Patria por un monto de 320.000 bolívares, indicó Aula Abierta en una nota de prensa.
Hans considera que el método de pago representa una política de Estado para acabar con las universidades, ya que no solo se violenta la beca estudiantil, sino que se suma a la asfixia presupuestaria y a las sentencias arbitrarias que se vienen ejecutando desde hace años.
Por su parte, el representante estudiantil al Consejo Universitario de la UCV y estudiante de Odontología, Jesús Mendoza, denunció que estas becas no cumplen con los requisitos que establecen las universidades porque “son asignadas sin ningún tipo de estudio socioeconómico y desconociendo las data de registro de la universidad”, aseguró en entrevista para Aula Abierta.
Además, dicho pago, equivalente a 1,6 dólares americanos, no sustenta al estudiantado ni permite cumplir con una calidad educativa en el contexto actual que vive el país, no solo de emergencia nacional producto de la pandemia, sino por la Emergencia Humanitaria Compleja y las precariedades en los servicios públicos.
Una beca que “no alcanza para nada”
Según Gabriel Cabrera, presidente de Federación Nacional de Estudiantes de Derecho y estudiante de derecho en la Universidad de Carabobo, la beca universitaria no le permite a un estudiante comprar sus libros o guías, solo alcanza para cancelar copias, aunque en la UCV tienen un costo por hoja que va desde 500 a 700 bolívares.
“En carreras prácticas se necesitan reactivos que la universidad no puede propiciar porque carece de presupuesto. El transporte universitario no está operando porque no hay repuestos, cuando las rutas no funcionan el estudiante debe tomar el transporte público y esa beca se le va en menos de una semana. Hay estudiantes que vienen de Guárico, se despiertan a la 4 de la mañana para venir a la UC y toman un viaje de casi 2 horas, para cuántos días alcanza esos 300 mil”, cuestionó Cabrera.
Por otro lado, Francisco Marcano, estudiante de la Universidad de Oriente (UDO) núcleo Nueva Esparta, documentó que el pasaje básico son 10 mil bolívares, pero que la institución queda retirada por lo que los estudiantes deben tomar dos rutas o más, gastando así entre unos 60.000 bolívares diarios. A su vez, destacó que las copias están a un precio superior a los 5.000 bolívares.
“Es un instrumento para controlar al estudiantado venezolano”
La asignación de becas por el Sistema Patria juega otro factor, pues se desconoce qué pasará con los estudiantes que no estén inscritos en el sistema o no posean el carnet.
Según Marcano, se puede notar una discriminación para los estudiantes que no hagan uso de estos elementos, pues politiza el tema de la beca porque no premia la excelencia de un estudiante.
“A nuestro parecer ha sido utilizado como un mecanismo de propaganda. La universidad está siendo golpeada y hay un conjunto de denuncias en contra de estos acontecimientos. Es intolerable e inadmisible”, expresó el dirigente a Aula Abierta..
Joel Zerpa, presidente adjunto de la Federación de Centro Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), reseñó para Aula Abierta que el movimiento estudiantil denunció ante la Asamblea Nacional esta situación y se solicitó la búsqueda de un mecanismo de ayuda humanitaria para el sector estudiantil.
Las becas dejaron de ser depositadas en el segundo trimestre del 2019 en las diferentes instituciones del país y en su última entrega se ejecutó un pago de 700 bolívares, lo cual en ese momento no era ni un pasaje de transporte urbano.
Según los datos que maneja el movimiento estudiantil de la UCV, la cancelación del monto para ese año eran de 300 bolívares para estudios, 700 bolívares para la beca de trabajo (que son las horas prestadas a la universidad) y de 1080 bolívares para los preparadores.
Becas perdidas, ¿un mecanismo de castigo?
Según el estudiante de la UDO, Francisco Marcano, hace dos años el proceso para solicitar una beca estudiantil desapareció. Dentro de la UDO se llenan las planillas de solicitud cada 6 meses y se tramita la mayor cantidad de estudiantes posibles para tratar de llenar los cupos porque si no se pierde la beca y se le asigna a otra universidad.
“La universidad hace el proceso, donde no se tiene respuesta por parte del Ministerio. La UDO desde hace tiempo ha hecho las denuncias y ha dicho que no reconoce a las entidades ilegítimas y no responde a sus mandatos, por lo que consideramos que las becas en las universidades públicas se pierda es un mecanismo de castigo por no hacer lo que ellos digan”, indicó Marcano.
Por otra parte, en la UCV rechazaron esta modalidad que pretende imponer el Gobierno porque pasa por encima de la Organización de Bienestar Estudiantil de la UCV (OBE-UCV), instancia responsable de hacer la evaluación socioeconómica a cada estudiante, además de hacer el seguimiento y apoyo para su prosecución de estudios para alcanzar el rendimiento académico.
La directora de OBE-UCV, Aurimer Meza, informó que la data de los estudiantes becados existe, pues el Ministerio la pide cada 6 meses y fue remitida en marzo; sin embargo, fue rechazada señalando que la data tenía “inconsistencia”.
Mientras tanto, en la ULA, según el líder estudiantil Joel Zerpa, son más de 750 estudiantes inscritos en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) que esperan por el pago de la beca y a quienes se les realizó una entrevista para el estudio socioeconómico para agilizar los trámites y requisitos. El DAES solicitó respuesta ante la OPSU y el Ministerio, pero evitaban y se negaban a pagar las becas.
El problema al que están sometidos los becarios para obtener su cancelación no es más que un política de ataque a las universidades nacionales y experimentales, pues el patrón que ejerce el gobierno de facto se evidencia desde la asfixia presupuestaria, las precariedades en los servicios estudiantiles como el comedor y el transporte y la serie de sentencias arbitrarias que violentan la libertad académica y la autonomía universitaria.
Para Aula Abierta el sistema Patria y su carnet son un mecanismo de exclusión social porque solo cubre a una parte de la población estudiantil, afecta al gobierno de facto, además, violenta la libertad académica y los artículos consagrados en la Constitución y la Ley de Universidades vigente.