Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, aseguró el martes 27 de abril que ninguno de los connacionales expulsados recientemente de Chile tenían antecedentes penales, tal y como afirmaron las autoridades de ese país.
Chile expulsó el domingo a 55 venezolanos desde la ciudad de Iquique, en el norte del país, en el contexto de un nuevo proceso de deportaciones que inició el gobierno chileno.
Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, dijo que 40 de ellos fueron deportados por haber ingresado a Chile por pasos prohibidos y los otros 15 por delitos como tráficos de migrantes, tráfico de drogas y robo.
Durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli para VPITV, Rojas aclaró que estas personas habían entrado al país de manera irregular, se encontraban estaban tramitando sus documentos para conseguir un estatus legal.
«Ninguno de los venezolanos expulsados de Chile contaban con antecedentes penales», insistió.
Señaló que al menos 14 vuelos fueron contratados para sacar personas migrantes del país.
«La recomendación es que mantengan a la mano el correo electrónico o el número de alguna organización que preste asistencia jurídica y legal además de tener sus antecedentes penales de Venezuela vigentes», recomendó Rojas.
La recién publicada Nueva Ley de Migraciones indica que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero los migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa. Si su solicitud es admitida, podrán regresar.
«Lo que ocurrió el pasado viernes es que cuando fueron a firmar su proceso de tramitación de documentos los dejaron detenidos, bajo el argumento de que había una orden de expulsión, sin procedimiento penal ni sentencia de un tribunal. Era una orden administrativa, fueron detenidos el viernes en la tarde y expulsados el domingo», explicó Rojas.
Lamentó que a algunos de ellos no les permitieron comunicarse con algún abogado.
«Nosotros no cuestionamos el debido proceso ni las leyes, solo que se están violando sus derechos en materia de desplazados de manera forzosa, se están contraviniendo tratados internacionales suscritos por el gobierno chileno. Se les está regresando al país donde sus vidas corren peligro, su integridad y eso es lo que más nos preocupa en lo que tiene que ver con la comunidad venezolana», alertó.