Por Joseph Poliszuk, María Antonieta Segovia y María de los Ángeles Ramírez
A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas; así como pistas clandestinas que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar cargamentos de oro y droga.
La serie Corredor Furtivo, investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País de España, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media, ganó el prestigioso Premio Global Shining Light Award.
El trabajo de investigación consta de seis entregas:
- La minería ilegal montó sus bases aéreas en la selva
La selva de Venezuela encubre al menos 42 pistas de aterrizaje desde las que despegan en secreto avionetas cargadas con oro de la región de Guayana. La mitad de esas pistas se encuentran junto a alguna de las tantas minas ilegales que emergen al sur del río Orinoco, el más largo del país y el tercero de Sudamérica.
También se observa que más de una docena de las pistas de aterrizaje se ubican en las riberas del río Caroní, que se origina cerca de la frontera con Brasil y atraviesa de Norte a Sur el estado Bolívar, y es el último gran tributario del Orinoco antes de que este desemboque en el océano Atlántico.
No es nuevo advertir que buena parte del oro sale por vuelos furtivos. Pero un trabajo conjunto de Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega Earthrise Media, permite mostrar hoy por primera vez en el mapa de Venezuela los puntos estratégicos que han establecido las redes de contrabando para sacar cargamentos ilícitos por vía aérea. Se trata de la primera entrega de esta serie, Corredor Furtivo.
- El quién es quién de los cárteles criminales al sur del Orinoco
En general, es enorme el contraste entre la realidad, áspera y precaria, de las principales urbes venezolanas, concentradas en el eje norte-costero del país, y la exuberancia natural –ecológica y geológica– del territorio al sur del río Orinoco, la Guayana mítica de Walter Raleigh, José Gumilla y Alejandro de Humboldt. Pero algo tienen en común: durante los últimos años, el crimen organizado ha tomado el control de zonas cada vez más amplias tanto de unas como del otro; solo que hasta ahora la atención pública y la acción de los cuerpos de seguridad han estado más concentradas en las ciudades.
Resulta curioso, porque la mitad meridional de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas específicamente adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana que, bien con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación, o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos, ha impulsado su intervención. La minería está prohibida en el estado Amazonas desde 1989 por el decreto 269 del gobierno de aquel entonces, presidido por Carlos Andrés Pérez, pero 20 años después, en 2009, Hugo Chávez debió ordenar militarizar la entidad para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa del comandante revolucionario, la creación del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales, si bien intensiva, al menos ordenada, por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado.
El resultado, en cualquier caso, ha sido otro: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan sindicatos o sistemas financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas. La cofradía delictiva se reparte, a veces con tensiones internas, una superficie de 418.000 kilómetros cuadrados, donde entrarían los territorios sumados de Alemania, Costa Rica y Chipre.
- Estado Amazonas, de retaguardia a colonia de la guerrilla colombiana
Es domingo en Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas piaroa, a unos 40 kilómetros al norte de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho. Son las diez de la mañana y sus pobladores se visten y acicalan para congregarse en la iglesia evangélica cercana.
A la pequeña aldea se le ha adjudicado en los últimos años un desproporcionado valor político y estratégico. Durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez -años de bonanza petrolera y derroche-, Betania Topocho se volvió un centro piloto oficioso de los programas sociales del régimen. Sus habitantes fueron beneficiados con una planta procesadora de piña, una radio comunitaria, un ambulatorio, un liceo, autobuses, wifi comunitario y créditos para emprendimientos económicos y sociales.
Pero desde entonces, una vez dejada de lado por el Estado venezolano, la comunidad pasó a ser centro de operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Hasta tres grandes campamentos del grupo guerrillero se hallan a apenas cinco kilómetros de la comunidad.
- El discreto encanto de la guerrilla
La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio del estado Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro no solo de que la guerra irregular colombiana se había desplazado al sur de Venezuela sino, además, de que los grupos armados cuentan entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.
La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita del régimen de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente 10mo de las disidencias de las FARC -comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte- cerca de la población de La Victoria, estado Apure, emplazada sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia.
La escalada introdujo un elemento nuevo, y no del todo explicado por parte de los voceros del gobierno de Nicolás Maduro, en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular, en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente ante la penetración cada vez más patente de la subversión colombiana, cuando no dispuesto a convivir con ella.
- La resistencia indígena se organiza en guardias territoriales
No han soltado el arco y la flecha, solo que ahora los enfilan contra otros colonizadores. Unos 133 indígenas piaroa de la comunidad Gavilán de Cataniapo –al norte del Amazonas venezolano, en el municipio Atures– se unieron en 2018 para conformar lo que llaman un “cuerpo de resistencia civil”: un grupo de centinelas para protegerse de los nuevos forasteros que irrumpen en ese rincón de la selva amazónica.
Los vigilantes se llaman Ajoce Huäyäkä, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituyó, siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y garimpeiros que fueron asentándose en las vecindades.
Pusieron sus barbas en remojo y armaron la resistencia. Pero no había pasado un año de eso cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guión que viene repitiéndose en otras comunidades.
- La veda a la minería se levanta en ‘La Nueva Amazonas’
Son casi las cinco de la tarde del 18 de noviembre de 2021. Tras la hierba alta, en un recodo del eje carretero norte de Puerto Ayacucho, cerca de la entrada a Galipero Viejo, se levantan unos galpones en construcción que ya muestran el logo de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que opera desde 2013. Al frente, una valla anuncia en letras negras, mayúsculas y centradas: CENTRO DE INSUMOS MINEROS. Industrias Onixalex, CA. Puerto Ayacucho. En la esquina inferior derecha el logo del llamado Motor Minero. Una bandera nacional ondea en el aviso. También lleva el logo de la CVM.
Este es un noviembre electoral. El oficialismo convocó para el día 21 unas polémicas elecciones regionales para escoger gobernadores de estados y alcaldes municipales en todo el país.
En el estado Amazonas se encuentra en plena campaña el gobernador en ejercicio, Miguel Rodríguez, quien aspira a la reelección. Inaugura obras y entrega materiales e insumos en los siete municipios del estado Amazonas. Mediante recursos del Estado –como aviones y helicópteros militares– visita lugares distantes a los que los otros candidatos, por no hablar de la mayoría de los habitantes de la entidad, jamás podrían llegar. La falta de gasolina y el altísimo costo de los pasajes son los principales impedimentos.
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