Por Claudia Smolansky
La trocha La Platanera, que conecta a San Antonio del Táchira, estado Táchira de Venezuela, con el sector La Parada, departamento de Norte de Santander, Colombia, lleva este nombre por la abundancia de matas de plátano en su vera. Esta trocha es una de las alternativas al paso oficial por la línea fronteriza, que permanece bajo custodia de militares de ambos países. Que sea una opción alterna no significa que no esté fuertemente controlada. Solo que quienes ejercen el control son grupos armados irregulares, como ocurre en casi todos los caminos verdes de la frontera colombo-venezolana. Las trochas tienen otra peculiaridad: cruzarlas es tan peligroso que quienes lo intentan pueden desaparecer antes de llegar a su destino.
Lisbeth Surita asumió el riesgo de desafiar las acechanzas de La Platanera con el objetivo de encontrar a su hijo, Enisael Job Contreras Surita, quien desapareció en julio de 2019, mientras intentaba llegar hasta Cúcuta, la capital de Norte de Santander. Por más de tres años, Contreras realizó viajes frecuentes a esa ciudad para comprar productos como café, harina, leche y huevos, que luego vendía en Ejido, estado Mérida, donde vivía con su novia. El día de su desaparición, sin embargo, no trabajaba; dijo a su madre que iba a visitar a unos amigos en Cúcuta. Nadie más supo de él.
Se sabe de desapariciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela desde hace al menos tres décadas atrás. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, una dependencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, cuenta hasta 61 casos de desapariciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela, desde 1990 a 2016. Estos casos se concentran en cuatro municipios de Colombia y la ciudad de San Antonio del Táchira, en Venezuela. En la última comunicación oficial dirigida al gobierno venezolano, el grupo de Naciones Unidas afirmaba que la presencia de actores armados no estatales en la zona expone a los migrantes y trabajadores fronterizos que transitan las rutas migratorias a sufrir «violaciones graves de derechos humanos». Estas violaciones incluyen desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras. La advertencia del grupo no es infundada. Como saldo parcial, entre 2016 y 2019 se contabilizan 66 personas migrantes venezolanos asesinados y 43 desaparecidos en territorio colombiano.
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