Hace poco más de un mes, y tras un proceso judicial de casi dos años que se inició en Argentina con la requisa de la aeronave y terminó en Estados Unidos con su desguace, el Estado venezolano perdió definitivamente el avión Boeing 747-300M de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la también estatal Conviasa.
“Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Emtrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos”, se indignaba Nicolás Maduro el pasado 29 de febrero, en una transmisión televisada desde el Jardín Botánico de Caracas, tras confirmarse el desmantelamiento del aparato.
Pero ese reclamo inmediato de Maduro contrasta con el silencio que su gobierno ha mantenido desde 2014 en torno a la suerte de tres helicópteros Sikorsky AS-61D del ejército enviados ese año a mantenimiento en el extranjero, de los que nunca más se supo.
El 7 de marzo de ese año, el Ministerio de la Defensa, a través del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Sedefanb), contrató a Aeronet Consulting Corp, una compañía registrada en el estado de Florida, Estados Unidos, para el mantenimiento mayor de las tres aeronaves. Desde entonces no hay noticias de ellas.
Los helicópteros
Pero Armando.info logró revisar un “informe definitivo de auditoría” de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Congefanb), que establece responsabilidades de altos oficiales del Ejército y Aviación Bolivarianas en esa transacción, perjudicial para la nación: del Fondo de Desarrollo Nacional se emitieron pagos por 17 millones de dólares, 75% del contrato, sin que el Estado venezolano recibiera contraprestación alguna.
“A pesar de haber transcurrido cinco años del desembolso a la empresa Aeronet Consulting Corp del 50% del anticipo contractual (9.355.500 dólares) y el 20% de anticipo especial (3.742.200 dólares) y un pago adicional de cuatro millones de dólares a través de un addendum, los mismos no han sido demostrados financieramente con soportes adecuados que garanticen la adquisición o reparación como está establecido en las ofertas comerciales objeto del referido contrato”, concluía el documento de 34 páginas, fechado el 20 de junio de 2019 y que, desde entonces, permanecía guardado bajo siete llaves.
Y para colmo: todavía hoy los helicópteros no regresan a Venezuela y ni siquiera se conoce, a pesar de la investigación de la contraloría militar, si al menos fueron reparados o reacondicionados.
Por Roberto Deniz
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