La apatía ciudadana, el escepticismo político y la esperanza de alcanzar el anhelado acuerdo que permita encaminar al país hacia la senda democrática rodean el proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, a nueve días de la firma del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo.
Este proceso -que sería la continuación del sexto intento de negociación entre ambas partes en ocho años-, representa un punto positivo en medio de lo que parecía ser un estancamiento del conflicto político.
«Es un proceso potable, positivo y constructivo para el país. Es necesario retomar la ruta del diálogo y la negociación, retomar los canales regulares para solucionar los conflictos que requiere el país al día de hoy», manifestó el politólogo Pablo Quintero.
A su juicio, con el que ambos bandos políticos se encuentren es de beneficio para el país. «Es importante que ambos actores políticos se encuentren, un minuto de entendimiento en un ambiente de incertidumbre y conflicto», indicó.
Para el presidente de Copei, Roberto Enríquez, miembro de la delegación de oposición en las negociaciones de México, aunque aún quedan «muchas interrogantes», la suscripción de un acuerdo en beneficio del pueblo es «un gran logro, un logro histórico».
Esto se debe, en su opinión, a tres razones fundamentales: (1) después de muchos años, el gobierno y la oposición formalmente -«no en reuniones a hurtadillas, subrepticias»- fueron capaces de lograr un acuerdo en algo puntual y urgente, como es la atención en lo social a los venezolanos; (2) ambas partes van a buscar los recursos para atender las deplorables condiciones del sector salud, la estabilización eléctrica, la alimentación de niños en situación de desnutrición y la reparación de escuelas, y (3) un dinero, recordó, que será administrado por la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias, el acuerdo venezolano es el más importante que ha manejado la ONU en materia de fondos monetarios en su historia.
«Yo valoro positivamente (el acuerdo), pero no es suficiente ni es concluyente. Ahorita es que vamos a la ruta política para lograr garantías democráticas para todos los venezolanos, que es el verdadero proceso de fondo», subrayó Enríquez.
Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo
El acuerdo, suscrito el 26 de noviembre en México, contó con la firma del jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander. En él se establece, entre otras cosas, la liberación de un Fondo para la Atención Social del Pueblo.
Serían cerca de 3.000 millones de dólares de recursos del Estado congelados por las sanciones impuestas por Estados Unidos los que destinarían a programas de atención en salud, alimentación, educación y electricidad para brindar protección social y asistencia humanitaria a los venezolanos, todo bajo la administración de la ONU.
Hoy inicia otra etapa que atenderá el fondo. Nuestra misión es conseguir condiciones políticas que garanticen alternabilidad democrática y el cambio del modelo político que ha arruinado a nuestra Nación. Ese foco no lo perdemos. ¡Es allí donde pondremos nuestro mayor esfuerzo!
— Delegación de la Plataforma Unitaria – Negociación (@DelegacionUVzla) November 26, 2022
Hasta ahora no han ofrecido detalles en cuanto a la liberación de esos recursos, qué establecerán los programas ni cuándo serán ejecutados.
Sin embargo, la representación opositora ofrece la seguridad de que los recursos serán administrado por un organismo confiable, como lo es la ONU. Y que, además, se implementarán todos los «mecanismos de transparencia».
Esos mecanismos, indicó el dirigente socialcristiano, establecen los procedimientos de licitación y procura, la rendición de cuentas, las auditorías y la supervisión. Además, la ONU tendrá el deber -como ha ocurrido con otras experiencias- de rendir cuentas permanente y permitir que el proceso sea «absolutamente auditable».
«Los venezolanos estamos bien traumados con esta experiencia de saber cómo se perdió tanto dinero que debió ir a fortalecer el sistema de salud, eléctrico y a generarle bienestar al país; cómo tantas oportunidades pérdidas, entonces esta es una oportunidad que no se puede perder y Naciones Unidas tiene esa responsabilidad», manifestó.
Representación
Una de las principales críticas que ha recibido el proceso de negociación es la falta de representación de todos los factores políticos y sectores de la sociedad civil.
Quintero señaló que lograr un proceso completamente inclusivo «es una fantasía», puesto que históricamente los procesos de negociación están «representados por élites que (a su vez) representan a unos sectores y tratan de ser lo más inclusivo posible».
«No hay espacio o -para decirlo de forma coloquial- no hay silla para tanta gente en ninguna mesa de negociación. Por supuesto, esto genera conflicto, incomodidad y críticas porque todo el mundo quiere estar negociando, sentarse, entenderse y opinar, pero la realidad es otra», apuntó.
Sin embargo, el consultor político estima que la inclusión en las negociaciones de empresarios, sociedad civil, gremios, sindicatos y comunidad estudiantil es fundamental para diferenciar este proceso del resto de las negociaciones hechas en Venezuela desde 2014.
«Este proceso tiene que aspirar a ser inclusivo, proactivo, positivo y constructivo; tiene que buscar representar a la gran mayoría de grupos dentro del país. Es una de las cosa que lo haría distinto al resto de los otros procesos de negociación. Mayor inclusión, mayor moderación y mayor representación es fundamental«, indicó.
Por su parte, Enríquez invitó a todos los sectores políticos y sociales que quiera un acuerdo de garantías democráticas en el país a «apuntalar y apoyar» el proceso de negociación.
«Todo aquel que quiera democracia, elecciones libres y justas, libertad de presos políticos, que las propiedades se les devuelva a quienes fueron víctimas de expropiación; aquí quien quiera democracia en el país se debería sentir representado y todo el país debería acompañarlo», afirmó.
Poderes paralelos
Las garantías democráticas y constitucionales siguen siendo un punto de debate importante en este proceso de negociación. Sobre todo tomando en cuenta el que existe en algunos poderes públicos paralelos, desde que en 2018 se cuestionaran las elecciones en las que Nicolás Maduro sería reelecto presidente.
Hoy Venezuela -al menos en teoría- tiene, por ejemplo, dos parlamentos y dos presidentes, si se toma en cuenta que algunos países, como Estados Unidos, continúan reconociendo a Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional 2015-2021, como presidente interino del país.
«Lo que tú ves es el reflejo de cómo se enfermó el Estado democrático en Venezuela, de cómo tenemos un Estado asténico. Esas son expresiones, justamente, consecuencia de cuando se violan las reglas de oro de la democracia», expresó Enríquez.
Considera que esa situación se solventará cuando se corrija el «problema democrático» y se comience a reinstitucionalizar el país.
«Los poderes públicos tienen que generarle confianza a todos los venezolanos, no puede haber poderes públicos para unos sí, para otros no. Este proceso de negociación debería llevar a que, con base en la voluntad del pueblo, comience un proceso de reinstitucionalización», señaló.
Entretanto, Quintero asegura que la oposición tiene que eliminar las figuras paralelas para avanzar y «construir oportunidades a futuro«.
«Si la oposición quiere construir oportunidades a futuro, circunstancias favorables o esperar resultados positivos tiene que abandonar la idea de que tiene poder», expresó.
Esto, añadió, permite que se definan los roles para ir con coherencia a la mesa de negociación. «La oposición sigue siendo oposición, no puede ir en rol de gobierno; el gobierno lo tiene el presidente Nicolás Maduro, no lo tiene la oposición».
Garantías democráticas
En cuanto a las garantías que espera conseguir la oposición en ese proceso de negociación, Roberto Enríquez mencionó: elecciones libres, justas y transparentes; el rescate de la alternancia como «valor intrínseco de la democracia», independencia de los poderes públicos, liberación de presos políticos, clausura del efecto «puerta giratoria», fin de la persecución política y el acceso a los medios de comunicación.
«Un país sin garantías democráticas termina deshilachándose a tal punto que es un montón de tierra manejado por unos bribones. Nuestra lucha es para que Venezuela sea un territorio con instituciones independientes y confiables, en donde dejemos de tratarnos como enemigos y nos tratemos como compatriotas, por más diferencias que se tengan», apuntó.
Como garantía democrática, la justicia ha sido una exigencia de víctimas de violaciones de derechos humanos, ONG, defensores y activistas. Sin embargo, hasta el momento ha sido una gran interrogante en este proceso.
Quintero afirmó que este asunto no necesariamente debe estar fuera del proceso de negociación, no obstante, resaltó que los «actores negociadores no pueden fungir o actuar como fiscales y jueces».
«Este tipo de responsabilidades se debe delegar a los organismos competentes; la justicia la manejan otras persona, y no el equipo negociador», señaló.
«¿Se puede hablar de justicia? Sí. ¿Ese trabajo tienen que hacerlo otras organización? Sí. ¿Se tiene que denunciar y poner sobre la mesa? Por supuesto que sí, pero cuidando mucho el lenguaje y la moderación, que es lo que te va a permitir crear espacios de confianza y de no amenaza permanente, que es lo que hace que una negociación prospere», agregó Quintero.
Enríquez considera que la ansiedad «no es buena consejera». Por ello recomienda «apuntalar al proceso de negociación para que genere acuerdos».
«Si logramos unas elecciones libres y justas, a partir de ahí podemos institucionalizar el sistema de justicia, contralor y fiscal. Y quien tenga deuda con la justicia… para eso necesitamos reinstitucionalizar los poderes públicos. Es un proceso gradual y progresivo, donde tenemos que lograr coincidencias, intercambios, garantías para unos y para otros, para que el ganador sea el país», subrayó.
Escepticismo político
Pese a tener toda la disposición de «luchar para que Venezuela se enrumbe por la ruta democrática», la oposición se muestra escéptica ante la actitud que pueda tomar el gobierno en el futuro. Tanto así, que este sábado, a través de un comunicado, denunciaron que el oficialismo busca «zafarse de los acuerdos» y le exigieron que fije la fecha para el próximo encuentro antes de que finalice el año.
#Comunicado FIRMES JUNTO A LOS VENEZOLANOS EN LA DEFENSA DE UN FUTURO MEJOR PARA TODOS. #03Dic pic.twitter.com/CqcvLQYi0j
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) December 3, 2022
«Sabemos los antecedentes tan frustrantes que han tenido todos los procesos de negociación, y esos temores también lo tenemos nosotros», reconoció el dirigente socialcristiano.
En su opinión, el considerar patear nuevamente la mesa de negociación es algo que «debe medir muy bien el oficialismo».
«Si el oficialismo u otros sectores sabotean la posibilidad de que los venezolanos logremos un gran acuerdo por el bien del país, el retroceso sería muy lamentable y muy dañino para quien lo produjera; tendría consecuencias muy serias para quien lo promoviera», dijo.
«Las negociaciones son un proceso de voluntad compartida. Si una parte no es auténtica, no es genuina, eso se pondrá en evidencia y tendrá consecuencias, pero las consecuencias se verán (en el futuro)», agregó.
Mecanismos de evaluación
Ante ese escepticismo y la experiencia de cómo ha utilizado el gobierno de Maduro los procesos de negociación para oxigenarse, sería recomendable que se establezcan mecanismos de evaluación de resultados, que cuenten con la supervisión de Noruega y de la comunidad internacional.
Quintero indicó: «Deberían darse plazos, debería hacerse una evaluación de resultados a corto plazo. Por supuesto, esto está muy supeditado o depende muchísimo de los niveles de confianza que se levanten en esta mesa de negociación».
Señaló que el equipo negociador debe buscar las «herramientas estratégicas» para determinar los mecanismos de presión para que el gobierno cumpla los acuerdos. En vista de la solicitudes del gobierno para que se levanten las sanciones, considera que la presión debería estar orientada al tema económico.
«Las amenazas políticas, las narrativas de persecución, que si el TIAR y la CPI, no ha generado efecto y ha quedado demostrado. Hay que insistir por una vía un poco más estratégica y que le genera incentivos al gobierno, que es el levantamiento de las sanciones», insistió.
Por su parte, Enríquez espera que muy pronto se le puedan presentar resultados al país. «La aspiración que tenemos es dar resultados pronto, pero tiene que haber la voluntad de la contraparte», recalcó.
Apatía ciudadana
En un país en el que la pobreza se ubica en 50,5% en 2022, según el último informe de Encovi, y en el que el tipo de cambio en el mercado paralelo aumentó 48,1% en un mes -mientras que el oficial se ubicó 31,3%-, los ciudadanos se encuentran «desconectados de la política».
Pese a que las redes sociales son un gran canal de información -al que todos pueden acceder-, y los canales de televisión nacionales y las emisoras radiales mantienen sus espacios informativos, el día a día aleja al ciudadano de a pie de las noticias.
Angela Pihuave, comerciante de 42 años de edad, expresó: «No estoy al tanto de lo que pasa en la política. No veo televisión ni escucho noticias, no me da tiempo«.
El mismo escenario se presenta para Yoselin Martínez, maestra de 36 años de edad. «No sé nada sobre ese proceso de negociación. No confío en esa gente de esos partidos de ningún lado, no son confiables siempre buscan beneficios propios», sostuvo.
Aunque Marilyn González, administradora de 39 años de edad, sí está al tanto del proceso de negociación y trata de mantenerse informada del acontecer nacional, no tiene grandes expectativas sobre ese proceso.
«No confío en ningún sector político ni en estos procesos de negociación porque los procesos anteriores nos han demostrado que las cosas nunca terminan como uno espera, siempre acaban sin ningún beneficio para el país», aseveró.
Pese a eso, no pierden la esperanza y esperan que en esta oportunidad el escenario de «frustración» pueda cambiar y arrojar resultado positivos para el país.
«Lo ideal sería que todos trabajaran en conjunto con un mismo propósito, que buscarán soluciones para salir de la crisis económica y construir una mejor Venezuela», expresó Pihuave.
Recuperar la confianza
Para recuperar la maltrecha confianza, Quintero ofrece una serie de recomendaciones. Entre ellas, sugiere «mantener la coherencia desde el punto de vista comunicacional, gestionar las emociones políticas, evitar el terreno de confrontación y no elevar las expectativas».
«Para reducir los niveles de incertidumbre y afrontar una crisis, es fundamental una coordinación de quiénes son los voceros, quién habla; medir bien qué se responde y que no, y moderar el lenguaje. Hay que evitar el lenguaje persecutor, castigador y agresivo, a pesar de que el gobierno lo vaya a mantener», enfatizó.