El chavismo regresó a la Asamblea Nacional. Lo hizo a 2 años, 5 meses y 20 días de su retiro. Y la plenaria lo recibió, aunque no a aquellos que ejercieron algún cargo en una institución del Estado.
La salida de los diputados oficialistas en su momento tuvo por objetivo “sacarla (a la AN) del desacato”.
El constitucionalista José Vicente Haro afirmó que el Parlamento “convalidó, aceptó y toleró una violación a la Constitución y al derecho de los electores de tener una representación real y efectiva” al aceptar a los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La última vez que el chavismo asistió a la plenaria fue el 4 de abril de 2017. Al retirarse principales y suplentes, indicó Haro, vulneraron cinco artículos de la Constitución.
Fue vulnerado el artículo 197, que establece la obligación de los diputados de dedicarse exclusivamente a sus labores parlamentarias en beneficio de los intereses del pueblo.
Además, los apartados 5, 66, 70 y 73, que amparan los derechos de los electores a tener una representación política.
“La desincorporación causó un abandono del cargo, ellos dejaron a electores sin representación política. Ya por ahí han perdido su investidura”, dijo quien también es profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Afirmó que al aceptar cargos públicos y asumir funciones en “la ilegítima asamblea nacional constituyente”, perdieron inmediatamente la investidura de parlamentarios, de acuerdo con el artículo 191 de la carta magna.
Ilegitimidad de la ANC
Partiendo del hecho de que la asamblea nacional constituyente es ilegítima, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, consideró que “cualquier cargo que se haya tenido no tiene ninguna validez ni efecto”, por lo que el cargo legítimo de diputado no debería verse afectado.
No obstante, Haro explicó que pese a la ilegalidad del órgano chavista, los parlamentarios pierden su investidura. “Son ‘constituyentes’, han violado el artículo 200 de la Constitución al aprobar allanamientos de inmunidades parlamentarias inconstitucionales. Ellos han usurpado y han arrebatado funciones legislativas al Parlamento, no pueden tener carácter de diputados”, subrayó.
Más allá del abandono del cargo, Daniels indicó que ningún funcionario público puede tener dos cargos remunerados, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución.
Señaló que la Contraloría General de la República debe evaluar los casos y aplicar sanciones a aquellos funcionarios que tienen o hayan tenido dos cargos remunerados.
“Pero como la Contraloría es un órgano del oficialismo no esperamos ninguna acción”, agregó.
Revertir la situación para evitar consecuencias políticas
Haro afirmó que en la próxima sesión, la plenaria del Legislativo puede revertir la situación de la bancada chavista, al aplicar el artículo 187, numeral 20, de la Constitución, que le da la facultad al Parlamento de calificar a sus miembros.
A su juicio, la Asamblea Nacional debe debatir este punto y tomar la decisión que corresponda en cada caso, para evitar consecuencias políticas. “Si no es diputado no puede sentarse en el curul ni ejercer una representación que ya ha perdido. Debe ser invitado a retirarse del Parlamento”, señaló.
Explicó que la única forma de resolver este vacío en los estados que se quedaron sin representación, es a través de una elección en cada uno de los circuitos perjudicados para que los ciudadanos elijan si deciden mantener o no a “estos diputados que irresponsablemente abandonaron el deber que les confiaron”.
Afirmó que con la presencia de estos parlamentarios el quórum se puede ver gravemente comprometido, debido a la persecución política que impide que los 112 legisladores opositores estén presentes en la plenaria. Además, que de estos, ahora hay 5 de Cambiemos que están a favor del chavismo.
“Si se tolera que el PSUV y sus aliados ingresen pueden llegar a una situación en la cual, la oposición no logre tener un quórum mayoritario de las dos terceras partes para tomar decisiones clave relativas a la institucionalidad del país”, señaló.
El caso se puede presentar, continuó, en el debate para la aprobación de la Ley de presupuesto nacional 2020 y la Ley de endeudamiento público. Además de que pueden incidir en la juramentación de la junta directiva 2020-2021, para la cual el diputado Timoteo Zambrano afirmó que la bancada de Cambiemos no va a votar por Juan Guaidó como presidente.
“¿Van a ir esos diputados del PSUV simplemente a alborotar el discurso político? ¿Se va a aceptar eso, mientras ellos están aprobando esas leyes en la ilegítima ANC o mediante una sentencia del TSJ? ¿Va a permitir el Parlamento quebrar, de alguna manera, lo que ha sido la cohesión política que ha mantenido?”, cuestionó.
Un gesto simbólico
A pesar de considerar que la oposición actuó bien al aceptar a los diputados oficialistas, debido que la Asamblea Nacional es la única instancia legítima, Daniels afirmó que “no va a ir más allá de un gesto simbólico” en vista que de no cambia la situación de los poderes públicos.
“La Asamblea no puede hacer nada, está completamente anulada por los demás poderes”, alegó.
Recordó que sobre el Parlamento aún pesa la figura del desacato, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. La única forma de salir de ella, de acuerdo con la sentencia número 2 de la Sala Constitucional del órgano chavista, emitida el 11 de enero de 2017, es logrando que la junta directiva de Henry Ramos Allup desincorpore a los diputados de Amazonas.
“Eso hoy es imposible, tendría consecuencias directas en la Presidencia encargada. Lo importante es desincorporarlos, no importa quién sea el presidente, pero según el TSJ, solo una junta presidida por Ramos Allup puede salir del desacato”, enfatizó.
@ebritop22