Los principales cuerpos de agua en el sur de los estados Bolívar y Amazonas presentan alta presencia de mercurio. Según el informe más reciente de la ONG Clima 21, el aumento de minas irregulares es la causa. Este material químico actúa como neurotoxina que causa efectos graves en personas y medioambiente.
El informe de Clima 21 señala que el mercurio tiene uso generalizado en la minería de la región debido a que es relativamente fácil de obtener. Apunta que las autoridades no están haciendo lo debido para controlar el tráfico de ese peligroso material y como consecuencia ya se han reportado casos de intoxicación por mercurio.
La extracción minera no es un asunto nuevo. Hay reportes de presencia de minería ilegal desde las últimas décadas del siglo XX. Estas minas estaban principalmente en las cuencas del río Cuyuní y la cuenca baja del río Caroní. No obstante, a partir de la segunda década del siglo XXI se produjo una rápida expansión de la actividad minera impulsada por las crisis económica y política, así como con la creación del Arco Minero del Orinoco.
Consecuencias de la contaminación por mercurio
El informe resalta que la actividad minera en la Amazonía venezolana ha tenido impacto significativo en el deterioro de la salud de las comunidades y asentamientos cercanos a los puntos de extracción auríferos. Asimismo, ocasiona daños al medio ambiente de la región.
Entre los principales riesgos de la contaminación por mercurio para la salud humana figuran enfermedades renales, trastornos neurológicos, problemas respiratorios y hasta la muerte en casos graves de intoxicación.
El informe de la ONG indica que las mujeres que practican actividades mineras y están expuestas a la contaminación por mercurio pueden ver afectada su salud reproductiva, pues el químico genera infertilidad y aumenta el riesgo de sufrir abortos espontáneos. Además de que en esos ambientes afrontan violencia y discriminación de género.
Otro punto relevante del informe es la gran cantidad de jóvenes que trabajan en las minas. Cecodap, organización que promueve y defiende los derechos humanos de la niñez y adolescencia, calculó en 2016 que 45% de los trabajadores de minas eran menores de edad y una proporción similar operaba los molinos donde se procesa el oro.
El Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (Cadh) de la Universidad Católica Andrés Bello documentó que existen más de mil niños viviendo en minas. Estas poblaciones se concentran principalmente en Guasipati, El Callao, El Dorado y Las Claritas (esta última cercana a una de las minas más grandes de la región).
Preocupación por los pueblos indígenas
Las comunidades indígenas que pueblan la zona son de los grupos más afectados por la presencia de la minería y la contaminación por mercurio. Muchas comunidades fueron despojadas violentamente de sus territorios, mientras que otras se vieron forzadas a cambiar sus costumbres y actividades para dedicarse a la minería.
El principal problema de estas comunidades, aparte de la ocupación de sus territorios, son los efectos de salud que provocan los residuos de la actividad. También afrontan inseguridad alimentaria, pues dependen de la pesca como fuente principal de proteínas y el consumo de pescado contaminado con mercurio representa riesgo de intoxicación y envenenamiento.
Ausencia de información y respuestas adecuadas
Aunado con todo ello, no hay información adecuada sobre los riesgos del mercurio y medidas de prevención, situación que se agrava con la falta de respuesta de las autoridades para abordar este grave problema.
El Estado venezolano carece de regulación de la actividad minera, lo cual deriva en la falta de aplicación de sanciones efectivas contra quienes se dedican a esta de manera ilícita.
El Estado venezolano no ratificó el Convenio de Minamata, tratado internacional para proteger la salud humana y el medioambiente de los efectos adversos del mercurio. Esto evidencia la falta de compromiso en la protección de los derechos y la salud de la población, además del incumplimiento de un compromiso importante que puede tener implicaciones en términos de cooperación internacional, intercambio de información y acceso a recursos y tecnologías para abordar este grave problema ambiental y de salud pública.
(Con información de Clima 21)