Guaidó Bernabé, Estatuto de la Transición
Federico PARRA / AFP / Archivo

En una comunicación dirigida a la diputada Delsa Solórzano, Allan Brewer-Carías, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, indicó que la reforma al Estatuto de la Transición, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de 2015 el pasado 27 de diciembre, viola la Constitución y no respeta la separación de poderes. Hoy debe darse una nueva discusión en el Parlamento.

“Al asignarse funciones de gobierno a la Asamblea nacional o a sus órganos, como se prevé en la reforma aprobada en primera discusión, se viola el régimen constitucional de la separación de poderes”, dijo.

Estatuto de la Transición

Brewer-Carías señaló que “el régimen de transición hacia la democracia que decretó la Asamblea Nacional en febrero de 2019, tuvo su motivo fundamental en el hecho de que al inicio del período constitucional 2019-2025 no existía presidente legítimamente electo que pudiera asumir la presidencia de la República, pues la propia Asamblea había calificado la elección del Sr. Maduro en mayo de 2018 como inexistente, calificando su gestión como una usurpación”.

Explicó que la falta absoluta que ello originó fue cubierta conforme al artículo 233 de la Constitución por el presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República, hasta que se realizaran elecciones presidenciales libres, justas y competitivas.

“El Estatuto de Transición tuvo por objeto, conforme a lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, regular el ejercicio del gobierno de transición en ese período hasta el cese de la usurpación, sin alterarse en forma alguna los principios cardinales del régimen político democrático de gobierno previstos en la Constitución, a los efectos de lograr el restablecimiento de su completa vigencia”, afirmó.

Altera el régimen del gobierno presidencial

Para Brewer-Carías el proyecto de reforma del Estatuto de Transición que se aprobó en primera discusión el 27 de diciembre de 2021, “altera el régimen constitucional del gobierno presidencial que es el que se regula en la Constitución, pues establece materialmente un sistema de gobierno parlamentario, alterando así el principio de la separación de poderes que establece la Constitución”.

Dijo que la reforma aprobada en primera discusión que busca modificar la estructura de gobierno regulada en la Constitución “podría considerarse que subvierte los principios establecidos en la misma”.

“La reforma aprobada en primera discusión, en definitiva busca establecer un gobierno de Asamblea, en sustitución de un gobierno a cargo de quien ejerce el Poder Ejecutivo que es el regulado en la Constitución”, agregó.

Señaló que, en su criterio, cambiar el régimen de transición regulado en el Estatuto de febrero de 2019, reformado en diciembre de 2020, en la forma prevista en el texto aprobado en primera discusión, significa poner fin a la estructura orgánica de la transición democrática que con todos sus problemas ha venido funcionando bajo la conducción del presidente encargado, con el reconocimiento internacional de muchos Estados e instituciones internacionales”, especificó.

Brewer-Carías indicó que “con la reforma aprobada en primera discusión se elimina el régimen de la presidencia encargada que se estableció desde febrero de 2019. El régimen de gobierno que regula la Constitución de 1999, que no se cambió con el Estatuto de Transición, es el sistema presidencial de gobierno, con claras competencias separadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde el gobierno corresponde al Poder Ejecutivo y el control político y administrativo del mismo corresponde a la Asamblea Nacional”.

Consulta pública sobre la reforma del Estatuto de la Transición

Solórzano adelantó una consulta pública sobre la reforma del Estatuto de la Transición. Recibió, según lo divulgado en su cuenta de Twitter, aportes de Brewer-Carías, Román Duque Corredor, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, de José Ignacio Hernández y Fernando Fernández.

Dijo que no aceptará ningún tipo de imposición proveniente de acuerdos del G4, a espaldas del resto de las fracciones parlamentarias democráticas. “La Ley de Reforma del Estatuto de la Transición debe ser debatida y acordada con todas la fuerzas políticas de la legítima Asamblea Nacional”, indicó.


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