Infante Amnistía Internacional exige a Rafael Lacava retirar demanda contra defensores de DD HH
Foto: Provea

El párroco Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, informó este martes que el gobernador Rafael Lacava ha mostrado disposición para entrar en un proceso de diálogo.

Esto luego de que el mandatario regional estableciera una demanda en contra del sacerdote y de Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, por mostrar datos que indicaban que el estado Carabobo fue la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales por cuerpos policiales en 2021.

«Estamos recibiendo señales positivas de parte del gobernador Rafael Lacava de entrar en un proceso de diálogo», indicó infante durante una entrevista en el programa El Toque de Diana. 

Explicó que la primera fase legal de este proceso es la conciliación, donde esperan llegar a un acuerdo que permita resolver el problema sin ir a juicio.

«No hemos dialogado directamente con él pero hemos recibido algunos mensajes de parte de la gobernación. Hay disposición para diálogo, para llegar al proceso de conciliación, a un acuerdo», agregó el párroco de la parroquia La Vega.

El abogado Joel García se pudo juramentar en el estado Carabobo como el defensor legal de los activistas, luego de que se le fuese negado la posibilidad de realizar dicho procedimiento en la ciudad de Caracas.

«Estamos dispuestos a asumir nuestro proceso, conscientes de que no hemos cometido ningún delito, estamos en solidaridad queriendo trabajar contra la impunidad», indicó Infante.

Reiteró que el informe anual presentado por Provea y el Centro Gumilla no se enfocó solamente en violaciones de los derechos humanos ocurridos en el estado Carabobo, sino en todo el país.

Explicó que el documento siempre tuvo como objetivo visibilizar las muertes violentas para que sean investigadas, y no de realizar acusaciones directas sobre alguna persona.

«Como la Policía del estado Carabobo resultó ser la que tuvo más indicadores, se nos está señalando de difamación. Siempre hay dos versiones, la oficial que dice enfrentamiento y la del familiar que dice ejecución. Se necesita investigación, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de acompañar a las víctimas. Pedimos que se conozca la verdad», manifestó.

Infante exigió que se investiguen las cadenas de mando y haya reparación para las víctimas.


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