El Observatorio de Violencia reportó un aumento de la extorsión en Venezuela por parte de grupos delictivos que principalmente actúan contra personas que se dedican a actividades comerciales, agroproductivas, empresariales y que incluso trabajan en el sector de la salud. Sus víctimas, afirmó la ONG, sufren intimidaciones y amenazas para obligarlas a entregar grandes cantidades de dinero, mayormente divisas.
Las representaciones de la organización no gubernamental en los estados Zulia, Lara y Sucre presentaron el jueves un informe actualizado sobre la incidencia de este flagelo.
Maracaibo y Lagunilla con mayores registros
Durante el año pasado, el observatorio documentó 26 casos de extorsión en Zulia. Los municipios con mayores registros fueron Maracaibo (12) y Lagunillas (4). Seguidos de Cabimas (2), Mara (2), San Francisco (2), Colón (1), Jesús María Semprum (1), La Cañada (1), no informa (1).
“La extorsión es un delito que ha impactado de manera significativa la vida social y económica de los zulianos y, particularmente, de los empresarios que manejan dólares americanos. La extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de bandas y grupos del crimen organizado después del narcotráfico”, explicó el abogado y filósofo Jorge Govea, coordinador del OVV en Zulia.
Subrayó que uno de los elementos determinantes en el incremento de la extorsión está relacionado con la dolarización de la economía del país.
Según sus registros, los establecimientos afectados por la actuación de los delincuentes en 2022 fueron supermercados o tiendas (6), bodegón o licorería (5), panadería (1), ferretería (1), funeraria (1) librería (1), empresa (1). Asimismo, puntualizó que los medios utilizado por los delincuentes fueron: armas de fuego (6), granadas, artefactos explosivos o bombas molotov (11), notas extorsivas (4), no informa (5).
Caracas, Yiyi Conas y Yeico Masacre
Govea expuso que entre los grupos estructurados de delincuencia organizada están el Bram, José Leonardo la Burra, el Caracas, el Pipo y el Melón, el Adriancito, el Conas, el Enano, el Gran Yiyi, el Satanás, el Mauricio, Guaro Masanto y Yeico Masacre.
Esos grupos delictivos cuentan con una estructura conformada por dateros, llamadores, motorizados, arrojadores, cobradores y receptores de dinero.
El abogado indicó que operan a través de amenazas hechas con panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de audio y escritos vía WhatsApp, fotos y videos, quema de vehículos y embarcaciones lacustres, disparos a residencias y empresas, con artefactos de gases o explosivos y envíos de coronas de flores.
Algunos de los delitos relacionados con la extorsión, puntualizó el observatorio, son los homicidios, terrorismo, hurto y robo de motos y vehículos, secuestro, lesiones y contrabando de armas, explosivos y municiones.
En el primer cuatrimestre: 13 casos
Govea comunicó que en el primer cuatrimestre de 2023 se registró un total de 13 casos de extorsión o coacción en Zulia: enero (3), febrero (4), marzo (5) y abril (1).
Mencionó el caso de tres pescadores asesinados en Barranquitas, municipio Rosario de Perijá, el pasado 5 de enero de este año.
“Esto está a otro nivel de letalidad, que grupos delictivos se dedicaran a la extorsión de pescadores, gente que vive de la pesca en el lago, y fueron atacados tres y lanzados al agua. Dos aparecieron y todavía hay un cadáver que no ha aparecido”, manifestó el abogado.
Govea señaló asimismo el asesinato de un trabajador de la carnicería Tu Finca Exprés, adonde llegaron delincuentes y dispararon a todas las personas que estaban en el sitio. La víctima, identificada como Luis Enrique Castilla, quedó gravemente herida y murió poco después en un hospital.
“Como los dueños de esta carnicería no accedieron a la extorsión, se aparecieron un día de febrero e hicieron esa actuación violenta”, dijo. “En 1 mes y 18 días, principiando 2023, las extorsiones en el Zulia sumaron 5 casos con 5 muertos y 8 heridos por arma de fuego”, añadió.
– Quema de vehículos y embarcaciones lacustres.
– Disparos a residencias y empresas.
– Colocación de artefactos con gases
– Colocación de explosivos
– Envíos de coronas de flores (QEPD)— OVV (@ovv_violencia) June 15, 2023
Lara: participación policial en la extorsión
El sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara, afirmó que en esa entidad funcionarios policiales han tenido participación en el delito de la extorsión y otros eventos de criminalidad no necesariamente violentos.
Expuso que desde 2016 comenzó a registrarse un aumento de la participación de la policía en la criminalidad, pasando ese año de 12,9% de los casos registrados a 46,5% en 2021; luego, se registró un descenso en 2022, con incidencia en 11% de los reportes.
Meléndez, en ese contexto que registró un pico por la actuación de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, señaló la ampliación del uso desproporcionado de la fuerza, que se expresó no solo en ejecuciones extrajudiciales, sino en la comisión de otros delitos que quedaron opacados por la letalidad y eventos trágicos en Lara.
“La presencia de la FAES ponía un sello que silenciaba las posibilidades de notar otros delitos de otros cuerpos policiales, incluso de la propia FAES”, expresó el sociólogo.
Cicpc, “con más participación”
El observatorio en Lara señaló que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se ubica como el cuerpo policial que ha tenido más participación en eventos donde se presume un delito. Entre los años 2018 y 2021, indicó, en el estado las ejecuciones extrajudiciales opacaron la extorsión policial.
Señaló que esos hechos se caracterizaron por el control hegemónico de los poderes, la impunidad, la reproducción de actividades ilícitas ante las regulaciones, sobre todo en la pandemia, y aumento de la fuerza policial.
Asimismo, explicó que la extorsión policial se ha reforzado por la ampliación desinformada de las funciones de los cuerpos policiales, las condiciones laborales de los uniformados y la falta de controles internos y de seguimiento a la carrera policial.
Cobros, amenazas, detenciones y más
Meléndez dijo que la organización identificó algunas formas de extorsión en ese estado:
—El cobro por protección a las unidades productivas en los sectores agrícolas.
—Amenazas a medianos o pequeños comerciantes por la supuesta evasión de regulaciones del Estado o por su implicación en supuestos delitos.
“Casos como pequeños comercios que producen entre 200 y 300 dólares mensuales los implican en supuestos delitos y (los dueños) terminan pagando por la detención de su personal aproximadamente 10.000 dólares porque fueron detenidos y procesados, estuvieron 60 días en la cárcel, sin ninguna posibilidad de salir y tienen que pagarle al juez y al Cicpc para poder librarse de estar en el calabozo pero siguen procesados con medidas”, explicó el sociólogo.
—Extorsión a personas con antecedentes penales o que tienen medidas otorgadas por el Poder Judicial.
—Cobros para el otorgamiento de boletas de excarcelación, traslados, audiencias y otros.
—Detenciones arbitrarias a profesionales, sobre todo del sector de la salud, por el supuesto ejercicio ilegal de la profesión.
—Detenciones arbitrarias a presuntos estafadores que terminan en el cobro de dinero para evitar el proceso judicial.
Agregó algunas consecuencias que ha tenido la extorsión:
—Pérdida del patrimonio familiar.
—Ampliación de estrategias para evadir la criminalidad de la policía.
—El cierre de negocios o disminución de la producción agrícola e industrial.
—Prolongación de las violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y otros.
—Migración forzada por el acoso policial.
—Desconfianza en las instituciones policiales y, en general, con las instituciones del sistema judicial penal de Venezuela.
Policía sin autoridad
Manifestó asimismo que la relación de vigilado-vigilante, que media el vínculo policía-sociedad, se tergiversa por la pérdida de autoridad de los organismos de seguridad porque los policías han pasado a ser vigilados por los ciudadanos.
“Mientras eso sucede, se consolida en el discurso oficial la idea de ampliar la participación de la policía en la vida de la sociedad y, con ello, la actuación indisciplinada de un órgano que actúa fuera del marco de su cuadro regulador”, dijo el experto.
Afirmó que las principales motivaciones de los nuevos policías en Lara es que los asignen en una de las al menos 30 alcabalas en las vías extraurbanas.
Actividades ilícitas en Sucre
Carmen Julia Amundarain, coordinadora en Sucre, explicó que la actividad limítrofe con el Mar Caribe y la cercanía con Trinidad y Tobago favorecen los actos ilícitos en el estado, como el narcotráfico, trata de personas, robos en altamar, extorsiones, secuestros y otros.
La extorsión en esta entidad, indicó la profesora, está presente en delitos como secuestro exprés, cobros de vacunas, robos y atracos a personas y comerciantes. Esto, afirmó, ha provocado que las víctimas cambien su actividad laboral y que, en buena parte, haya mermado la producción, lo que ha llevado al empobrecimiento de la población.
“Un ejemplo son los que se dedicaban a la pesca y presurizados por el robo en las embarcaciones o de los motores; allí era el cobro de vacunas por los grupos armados, que hacían que los pescadores dejaran parte de la mercancía como pago. Además de que, a nivel terrestre, cuando trasladaban la mercancía, también les cobraban las vacunas por cada uno de los kilos. También (ocurre) con el cacao y el café”, expuso Amundarain.
Sin motores y a la deriva
Destacó que los pescadores han sufrido más por ese flagelo porque los delincuentes también los interceptan en altamar y les roban los motores de sus embarcaciones, dejándolos a la deriva.
Indicó que la mayor incidencia de la extorsión ocurre en la península de Paria.
Puntualizó que los municipios con mayor incidencia de esos hechos delictivos están en el este de Sucre, hacia el municipio Valdez. Allí, la capital es la localidad de Güiria, el punto del estado más cercano a Trinidad y Tobago.
Otros municipios donde hay registros delictivos son Libertador, Andrés Mata, Benítez, Bermúdez, Sucre (Cumaná), Andrés Eloy Blanco, Cajigal, Arismendi y Mariño. Destacó los pocos registros de los hechos, tanto en la prensa local como en la información oficial.