Lisandro José Cabello, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, estaría usando su investidura para disuadir a organismos de investigación penal, designados por un tribunal de control, de realizar averiguaciones a una compañía por ilícitos millonarios en Carbozulia, aseguró el medio chavista La Tabla.
Cabello habría interferido en la investigación que se le lleva a la empresa Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A., que tiene entre sus socios a un familiar político del exministro de Petróleo Tareck el Aissami.
«Hablamos de Lisandro José Cabello quien, en dos oportunidades interfirió con diligencias que realizaban (por mandato judicial) funcionarios de CICPC y DGCIM en investigación sobre corrupción en la contratación de Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A en Carbozulia. El delito tipificado es daños a la propiedad (Art. 473 del CPV) y se investiga a directivos de la compañía ya mencionada: Angelo E. Candian R., Brahim Y. Elmaaz B. (primo del exministro Tareck el Aissami), Belis A. Castellano A., Rayniel A. Castellano A., y Francisco A. Maya M.», explica La Tabla.
Según señala el medio, la empresa habría causado pérdidas a Venezuela por casi 50 millones de dólares, desde su contratación en 2018. La firma tenía contrato para extracción de carbón en la mina Paso del Diablo.
#Tablazo Diputado de Zulia en la Asamblea Nacional, electo en listas del #PSUV, utiliza su investidura para disuadir a organismos de investigación penal, designados por tribunal de control, de realizar averiguaciones a una compañía por ilícitos millonarios en Carbozulia. pic.twitter.com/CdfVrO2WNz
— La Tabla (@latablablog) October 2, 2023
«Para la ejecución del contrato, la compañía Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, C.A., recibió de Carbozulia un conjunto de equipos pesados que fueron devueltos en un estado deplorable de devastación e inoperatividad, aunque entre sus obligaciones estaba el mantenimiento preventivo y correctivo y reparación de componentes de los mismos», destaca.
La destrucción de esos equipos pesados de extracción y acarreo -detalla- generó pérdidas por el orden de los 13.210.000 dólares, correspondiente al costo de adquisición.
«Este monto está soportado por las facturas de compra y debidamente certificadas por la Aduana Principal de Maracaibo. Además, y pese a que los equipos no eran suyos ni producto de una inversión de Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, esta compañía facturó y cobró a Carbozulia y a su aliado comercial, la empresa turca Glenmore Dis Ticaret, un promedio de 841.000 dólares mensuales durante 40 meses entre 2018 y 2022. Total: $ 33 millones 640.000», informa.
La acusación del medio indica que los conceptos de facturación y los montos exorbitantes establecidos para cada uno de estos fueron aprobados por el entonces presidente de Carbozulia, Francisco Aguilera.
«Los datos precedentes fueron certificados, con sus debidos soportes, por la empresa Glenmore, en comunicación dirigida a la Juez 7ª de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia», dice.
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