El abogado y vocero de Provea, Marino Alvarado, advierte que existe el riesgo de que la Policía Anticorrupción sea utilizada para perseguir a disidentes.
Alvarado alerta sobre el alto riesgo de persecución política en la lucha anticorrupción.
Señaló a Crónica Uno que ese cuerpo podría emplearse para «perseguir y detener» a la disidencia y a líderes de la oposición o grupos de personas contrarios o incómodos para el grupo de poder.
Al final serán considerados, no como presos políticos, sino como «delincuentes comunes que están vinculados a hechos de corrupción».
La Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) fue creada el 17 de noviembre de 2014. Está encargada de «diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar» políticas anticorrupción.
Además, este cuerpo depende exclusivamente del Ejecutivo, que aprueba al personal de este organismo
«Brazo político»
Alvarado cree que, en un país donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, la creación de una Policía Anticorrupción no es un hecho «transparente».
Sus integrantes y sus sedes no son identificables. Esto se presta para «graves violaciones de los derechos humanos».
«No le basta al Gobierno ya tener al Sebin, al Dgcim y la PNB. Ahora crearon este organismo supuestamente especializado contra la corrupción», consideró Alvarado.
Por su parte, Saúl Blanco, abogado y miembro de la ONG Espacio Público, puntualizó que este cuerpo policial al estar adscrito a la presidencia, no es un medio autónomo.
Blanco indicó que si se llegase a inventar un supuesto caso de corrupción, fácilmente el Ejecutivo manda a esta policía a tomar acciones y convertirse en su «brazo político».
«Y al final, ¿Cómo quedarían los actos de corrupción del Ejecutivo? ¿Esta Policía Anticorrupción va a investigarlo o no? ¿Existen riesgos de la vulnerabilidad de la independencia de la investigación de esta policía? Esas son preguntas que hay que hacerse».