Activistas de Venezuela realizaron este lunes en Caracas un homenaje a las 43 personas que perdieron la vida durante las protestas registradas en 2014 y exigieron al Estado justicia para estas víctimas, a propósito de cumplirse hoy 10 años del comienzo de esta oleada antigubernamental denominada ‘La Salida’.
Alrededor de una decena de personas se agruparon en una esquina del centro de Caracas para recordar a Bassil Da Costa, primero en ser asesinado de un disparo en la cabeza durante estas protestas, y al resto de los «caídos».
El grupo, liderado por el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, exigió que se investiguen las muertes de todas las «víctimas de la represión» de los últimos 10 años.
«Hoy se cumplen 10 años del asesinato de Bassil Da Costa y no hay justicia, y eso hay que decirlo con responsabilidad. Ese mismo día también fue asesinado Juancho Montoya por los propios colectivos, porque aquí no hay muertos rojos ni muertos azules», dijo Rojas.
El líder vecinal responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de estas muertes y dijo que hoy en día se cuentan «centenares de personas que han sido asesinadas durante este régimen».
Piden justicia para venezolanos asesinados en protestas de 2014
«Aquí ser activista de derechos humanos o luchador social te convierte en terrorista para el régimen», aseveró Rojas al tiempo que destaco que, pese a esto, seguirán rindiendo homenaje a las víctimas y pidiendo justicia para ellas.
Desde 2013, cuando Maduro llegó al poder, Venezuela ha vivido varias oleadas de protestas antigubernamentales, tildadas como «guarimbas» por el Ejecutivo, algunas de las cuales dejaron decenas de muertos, especialmente en los años 2014, 2017 y 2019, cuando la crispación política fue mayor.
Aunque familiares y ONG aseguran que no ha habido justicia, el fiscal general, Tarek William Saab, en el cargo desde 2017, insiste en que el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.
Saab rechaza los señalamientos de organismos internacionales que aseguran que ocurrieron crímenes de lesa humanidad que no atendió la Justicia, y reitera que el Estado no ha dejado de investigar los hechos, con el objetivo de identificar y juzgar a los culpables.