La Academia de Ciencias Políticas y Sociales expresó preocupación por el llamado a elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, el cual calificó de inconstitucional e ilegítima.
«Las elecciones, al ser el desarrollo del derecho constitucional al sufragio, exigen que en su convocatoria concurran razones de legalidad y conveniencia para que puedan reputarse como legítimas. Por tal motivo, este nuevo llamado a la ciudadanía a votar es un acto en apariencia enmarcado en el Estado de derecho, pero carente de toda legitimidad«, expresó en un comunicado.
Afirmó que existen «sobradas» razones jurídicas, de salud pública, políticas y operativas que sugieren la inconveniencia de realizarlas en la fecha pautada por el régimen de Nicolás Maduro.
En este sentido, señaló que las acciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral del régimen están claramente al margen del marco jurídico nacional y de los parámetros internacionales.
«Las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, identificadas con los números 68, 69, 70, 71 y 72 y dictadas en fechas 5, 10, 12, 15, y 16 de junio de 2020, respectivamente, son una clara usurpación a las competencias de la Asamblea Nacional, por cuanto con ellas se designaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral y directivos de sus órganos subalternos», explicó.
Y agregó: «Con estas sentencias se delegó en el Consejo Nacional Electoral la potestad de legislar y reformar la Ley de Procesos Electorales; y así el Consejo Nacional Electoral reglamentó un nuevo sistema electoral mediante unas “Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026” que usurpan las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y violan la reserva y rango de ley».
Además, mencionó que la pandemia podría representar una riesgo para la ciudadanía que decida votar en las parlamentarias.
«Se correría el riesgo de aumentar significativamente el número de contagios y decesos. Con mucha preocupación llamamos la atención de que esta consideración es aún más significativa en ciudades y poblaciones cuya infraestructura sanitaria y provisión de servicios básicos (agua, electricidad y transporte) son todavía más precarias de las que sirven a las grandes ciudades del país».
Para las Academias, dijo, la salud de los ciudadanos es un bien público que debe preservarse más allá de conveniencias políticas o personales.
Consideró que velar por la salud de la sociedad es una obligación insoslayable del gobierno y de los responsables de tomas de decisiones y en este sentido reiteró que no hay condiciones sanitarias para la realización ni de eventos de masa ni de concentración de público en los próximos meses.
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