La Academia de Ciencias Políticas y Sociales expresó su rechazo a la conformación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral designada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro.
Además, condenó las sentencias números 71 y 72 del 15 y 16 de junio, por medio de las cuales la Sala Constitucional del régimen ordenó la suspensión de las directivas de los partidos políticos Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia, así como el nombramiento de una mesa directiva ad hoc y Junta Directiva ad hoc.
La Academia señaló que las sentencias son inconstitucionales y usurpan las potestades de la Asamblea Nacional.
«Usurpan las funciones propias y exclusivas de la Asamblea Nacional de designar los rectores del Consejo Nacional Electoral y demás integrantes de sus órganos subalternos, en violación del artículo 296 de la Constitución y, en consecuencia, violan el derecho democrático de participación política de todos los venezolanos en la conformación de los órganos que ejercen el poder público, consagrado en los artículos 6, 62, 70, 295 y 296 de la Constitución, así como el derecho de contar con un órgano electoral imparcial, autónomo e independiente integrado por personas no vinculadas a partidos políticos, como garantía esencial para la realización de elecciones libres y democráticas, según se desprende del artículo 294 de la Constitución», se lee en un comunicado publicado este viernes.
Señala la Academia que la Sala Constitucional incurrió nuevamente en desviación de poder al pretender anular a través de la incorrecta y desviada interpretación y aplicación de la inexistente figura del desacato, las potestades constitucionales propias, exclusivas y excluyentes de la AN. “El supuesto desacato en que afirmó se encuentra el órgano parlamentario desde principios del año 2016, …no solo no existe jurídicamente, sino que ha sido el artificio inventado por el Tribunal Supremo de Justicia para impedir a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, indicó.
Con respecto a la suspensión de las directivas de los partidos AD y PJ, la institución señala que el Poder Judicial viola gravemente el derecho a la democracia, los principios y valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano como la libertad y el pluralismo político; contarían el derecho constitucional de asociarse con fines políticos y, concretamente, constituyen una inconstitucional intervención en la libre determinación de los partidos políticos que implica la libre elección de su dirección y sus candidatos a cargos de elección popular a través de la selección en elecciones internas con la participación de sus integrantes.
«Conforme a la Carta Democrática Interamericana, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas es un elemento esencial de la democracia (artículo 3). En este sentido, la Constitución (artículo 67) y los instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el derecho de los ciudadanos a formar partidos políticos libres. Los partidos están al servicio de la democracia y de los ciudadanos. Ello prohíbe que el Estado a través de su brazo político en el poder judicial, intervenga arbitrariamente los partidos políticos, como ha ocurrido, para someterlos a su proyecto político propio. Por ello, la insólita ocupación y secuestro de los partidos políticos ejecutada por las sedicientes decisiones judiciales, es una pluriviolación de la Constitución y la democracia misma, que atenta contra su propia existencia y funcionamiento», se lee en el documento.
Asimismo, la Academia advirtió que bajo las actuales condiciones consistentes, entre otras, en la falta de independencia e imparcialidad del CNE; la ilegalización e intervención de los principales partidos de oposición; la inhabilitación, detención arbitraria y persecución de actuales diputados y dirigentes políticos de oposición; y la ausencia en general de las garantías esenciales para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles como expresión de la soberanía del pueblo, no es posible la realización de elecciones legítimas como las de diputados a la Asamblea Nacional.