ABP CPI
Foto: Alianza Bravo Pueblo

En la dirigencia y militancia del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) cuyo máximo líder es el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, esperan que en la Corte penal Internacional (CPI), con la llegada del nuevo fiscal, Karim Kham, se haga justicia en el caso de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos que protestaron pacíficamente en 2014, 2016 y 2017.

El partido político denunció que los presuntos crímenes contra la humanidad durante todo ese tiempo se han mantenido impune y esperan que se haga justicia.

Los dirigentes de Alianza Bravo Pueblo Jim Albornoz, secretario general nacional, y Griselda Sánchez en representación del sector de los educadores, entregaron este martes a los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela un documento cargado de argumentos relacionados con el caso, afirmando tener mucha fe que el nuevo fiscal de la CPI actúe de forma diferente.

Asimismo, manifestaron que Fatou Bensouda, quien dejó el cargo de fiscal jefa de la CPI tras nueve años de servicio, nunca mostro interés en iniciar una investigación a pesar de las pruebas presentadas por los abogados que llevan el caso y el pedimento de jefes de Estado de Latinoamérica y Canadá.

La CPI cree que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Bensouda aseguró el 8 de junio en entrevista con Efe que esperaba anunciar si abría una investigación en Venezuela tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país, algo que confió que sucedería «en cuestión de días».

«El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa», dijo.

Sin embargo, concluyó su etapa al frente de la Fiscalía de la CPI sin que se resolviera esa solicitud.

La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existen «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.


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