Los abogados defensores del secretario nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero, aseguraron que no existen suficientes elementos de convicción para condenarlo por los cargos imputados por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab.
El abogado Henry Hamdan dijo en una entrevista para El Pitazo que apelaran a la medida de privativa de libertad dictada contra Pinto el sábado 20 de junio.
Consideró como exagerada la sentencia del tribunal cuarto de control de Vargas.
«Estamos frente a un juicio en el que se evidencian las presiones políticas para desfavorecer a José Tomás Pinto. En primer lugar, debo asegurar que no existen elementos de convicción que evidencien la participación de Pinto en ese supuesto asesinato. Luego contamos con actas procesales amañadas, llenas de inexactitudes. Nos encontramos frente a un linchamiento político para la figura de José Tomás Pinto”, aseguró Hamdan.
Pinto fue imputado con los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento, por el homicidio del adolescente de 16 años de edad George Soto Berroterán y las lesiones causadas al pescador Juan Alejandro Romero, de 20 años.
Romero es el único testigo que ha presentado el Ministerio Público para relacionar a Marrero con los hechos que se registraron en la finca La Tupareña, propiedad del líder de los Tupamaro, ubicada en la población de Chuspa, al este del estado Vargas.
Hamdan explicó que solicitaron a la jueza Yumaira Requena que le otorgase a Marrero una medida cautelar de detención domiciliaria, debido a que el hombre de 67 años de edad padece de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.
«La juez desestimó esta solicitud, pero ordenó la realización de los exámenes médicos correspondientes para determinar su estado de salud físico, lo cual fue solicitado también por la defensa», añadió.
El tribunal designó como centro de reclusión la sede de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicado en la parroquia San Agustín en Caracas.