El abogado Juan Garantón se pronunció sobre las irregularidades que se presentaron el 25 de enero, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público llegaron a la casa del jefe de redacción de El Nacional, José Gregorio Meza, y se lo llevaron para que rindiera declaraciones sobre trabajos publicados por el diario.
A juicio del especialista en Ciencias Penales Criminológicas, la actuación de las autoridades de Nicolás Maduro “no tienen ningún sentido”. Asegura que no hubo ninguna citación previa cuando el cuerpo de seguridad abordó al periodista.
Insistió en que a Meza “no lo citaron, lo fueron a buscar para llevarlo a declarar”.
La acción de la Fiscalía, entonces, incumple con el debido procedimiento que debe realizarse para un citatorio. “Parece un sistema nuevo donde te van a buscar y te llevan. Me parece muy práctico para los que no tengan carro, pero usualmente no era así”, explicó.
Al igual que el jefe de redacción, otros periodistas de El Nacional también recibieron una citación para presentarse ante las autoridades del Estado y ser interrogados.
#25Ener 6.35 pm Funcionarios de CICPC y Fiscalia se presentaron en domicilio de José G. Meza, jefe de información de @ElNacionalWeb . Fue trasladado a destino desconocido. Asimismo fueron citados otros 4 periodistas. Exigimos su libertad inmediata. #CensuraEsDictadura
— CNP Caracas (@CNPCaracas) January 25, 2023
Garantón sobre el caso de Miguel Henrique Otero
Por otro lado, el defensor del medio de comunicación, habló sobre el caso del presidente editor del medio, Miguel Henrique Otero, quien se encuentra en el exilio.
Garantón resaltó que Otero no puede presentarse ante los entes de seguridad del Estado debido a que “no hay seguridad jurídica”.
“Miguel Henrique Otero está fuera del país, y no puede acudir a una citación estando fuera. No tiene sentido alguno esa citación”, consideró.
Explicó que solo existe una manera de que Otero pueda corresponder la cita y es mediante un enlace entre Venezuela y España, donde está radicado.
En este tipo de situaciones “se debe enviar la rogatoria del tribunal venezolano a la Cancillería. Esta se la enviaría a la española y de ahí al tribunal español”, describió el jurista.
Carente de seguridad jurídica
Con respecto a las carencias de seguridad jurídicas a las que alude Garantón, comparó la situación con la sentencia que se dictó contra El Nacional, por la que le fue arrebatada su sede. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la directiva del diario el pago de una indemnización por presunto daño moral al dirigente oficialista Diosdado Cabello, un hecho ocurrido luego de que el medio replicara reportes de portales españoles que vinculaban a Cabello con el narcotráfico.
“Otero debía 1 bolívar digital, y el TSJ convirtió eso en 237.000 petros (moneda digital lanzada por Maduro), que serían como 15 millones de dólares. Entonces si él viene, de un día de arresto, le podrían poner 300 años de cárcel”, dijo.
La sede de El Nacional, hoy el lugar donde funciona la Universidad de las Comunicaciones, fue confiscada por el gobierno luego de un proceso lleno de irregularidades que lideró Diosdado Cabello, que demandó por difamación. Los tribunales dictaminaron que la empresa debía pagarle 13,4 millones de dólares por daños.
El edificio sede fue adjudicado el 27 de enero de 2021 a Cabello por la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de la República, Elvis Amoroso. La medida se ejecutó de forma irregular, al no informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, en violación de las reglas procesales que establece la ley. Tampoco fue notificado el representante judicial de El Nacional.
Además, Garantón afirmó que Otero está dispuesto a “prestar cualquier tipo de declaración que quiera el tribunal venezolano”. Esto siempre y cuando la citación se emita en España.
Sobre el motivo de la citación de la Fiscalía al presidente editor del medio y lo que podría ocurrir en caso de que presentara alguna declaración, el abogado dijo que es algo que “desconoce, pues no ha cometido ningún delito”.
“En la citación no hubo cargos, no dicen nada, y realmente no se sabe para qué lo citaron. Para imputarlo no se sabe de qué cosa. Pero el hecho de que, sin fórmula de juicio, le quitaron la sede del periódico, que son 16.000 metros cuadrados, con un edificio, y que le convirtieran lo que debía, de 1 bolívar digital en 237.000 petros, hace que él no se sienta seguro jurídicamente”, indicó.
Trabajos de investigación de El Nacional
Se conoció que la investigación para la que citaron al presidente editor, al jefe de redacción y a otros periodistas, estaría relacionada con unos trabajos de investigación sobre los hermanos Morón.
El primero de ellos, con fecha del 10 de enero titulado, Los hermanos Morón, de testaferros de Nicolás Maduro Guerra a fantasmas digitales; otro del 11 de enero, Los homónimos de paja de los hermanos Morón y las relaciones con Nicolás Maduro Guerra, y el último titulado Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón, publicado el 12 de enero.
La investigación de El Nacional que incomodó al régimen y provocó la citación judicial de varios de sus periodistas https://t.co/HQ7ef449Mf
— El Nacional (@ElNacionalWeb) February 3, 2023
Los tres reportajes que el Estado quiso censurar llamaron la atención de los lectores, y tuvieron una mayor visibilidad tras los ataques contra El Nacional.
Otero declaró en el medio español El Debate, que se envían vía correo electrónico, los tres reportajes sobre los hermanos Morón Hernández, y su líder, Nicolás Maduro Guerra.
“Las investigaciones seguirán adelante, este nuevo ataque en contra de El Nacional y sus trabajadores (¡Y hasta contra extrabajadores!) ratifica la práctica de sistematicidad. Añade otra prueba más al cada día más voluminoso expediente que las víctimas de la dictadura de Maduro han consignado y continuarán consignando ante la Corte Penal Internacional”, ratificó Otero.