Organizaciones de la Sociedad Civil agrupadas en el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad esperan por los organismos internacionales para que las víctimas de la represión en Venezuela obtengan justicia. También esperan que no se repitan las violaciones de derechos humanos que se registraron durante las protestas en el país desde 2013.
Rodrigo Diamanti, presidente del observatorio, informó que la oficina de representación de víctimas de la Corte Penal Internacional pidió una extensión de tiempo para presentar sus conclusiones sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Recientemente, las víctimas introdujeron alrededor de 2.000 denuncias de más de 3.000 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la CPI para reforzar la investigación.
“Sobre el proceso de Venezuela en la CPI ya las víctimas han denunciado y la Corte ha expresado la necesidad de que la investigación continúe. Ojalá esto sea suficiente para orientar la decisión de la Sala de gestiones preliminares”, expresó Génesis Dávila, miembro del observatorio y directora de Defiende Venezuela.
No se ha investigado a funcionarios responsables
El observatorio, que agrupa a ONG venezolanas, entre ellas Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela, acompañó a más de 300 venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos a formular la denuncia ante la CPI debido a que en Venezuela no han encontrado justicia.
“Tenemos la certeza de que no ha habido investigación sobre los funcionarios del régimen responsable de delitos de lesa humanidad. Sino solo a algunos perpetradores”, denunció Diamanti.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha dicho que en Venezuela no existe ni ha existido un proceso genuino de justicia. Tampoco ningún tipo de investigación sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014 hasta la fecha, indican las organizaciones.
El observatorio, en nombre de las víctimas, confía en que se reabrirá la investigación sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esperan que en el transcurso de los próximos dos años los responsables de estos delitos sean llamados a testificar en la Corte Penal Internacional.